Exigen que se acabe con la arbitrariedad en las detenciones

Una de las abogadas del Movimiento Giros, Gabriela Durrutty, conversó esta mañana en Desde El Comienzo acerca del pedido efectuado al gobierno provincial “para que se termine con la forma que tiene el poder policial de arrestar a las personas”.

Esta solicitud data del año 2009, cuando cuatro integrantes de la agrupación territorial fueron detenidos arbitrariamente por las fuerzas de seguridad y desnudados en la seccional n° 20, mientras se aprestaban a realizar tareas sociales en el barrio Empalme Graneros. Por el hecho, ya fueron procesados dos efectivos y el caso fue elevado a juicio.

“La única diferencia con los hechos cotidianos que sufren los ciudadanos en Santa Fe es que, en este caso, se trataba de cuatro militantes con algo más de posibilidades para acceder a los medios a denunciar lo ocurrido”, explicó la abogada.

Respecto al pedido que exige la creación de un protocolo público de detención, Durrutty comentó: “Si el gobernador que si no está de acuerdo con la derogación absoluta de esas facultades policiales otorgadas por la ley orgánica de detención, al menos reclamamos que se informe a los agentes y al resto de los ciudadanos los únicos motivos legales que existen para llevar a cabo un arresto”. Si bien el código policial autoriza a las fuerzas de seguridad a demorar a sospechosos sin orden judicial, esto puede darse sólo en aquellos casos en que se observen indicios vehementes y comprobables de culpabilidad. Para la abogada “no pueden basarse en el famoso olfato policial” porque eso iría en contra de los derechos constitucionales que tienen los rosarinos.

Según explicó Durrutty: “Ahora no se denominan razias sino operativos de rutina o de control generales y detienen masivamente a ciudadanos por el sólo hecho de transitar por un sector que se decidió controlar, violando así cualquier estándar mínimo de garantías constitucionales, que deberían ser siempre posibles de ejercer para considerarnos un Estado de Derecho”, y añadió que esto ya no puede ser justificado en aras de la “supuesta necesidad” de un mayor orden y seguridad.

Para la abogada sólo hubo modificaciones “cosméticas” respecto de los términos: “En lugar de llamarse averiguación de antecedentes, ahora se llama averiguación de identidad y aducen el olfato policial”. En este sentido, las detenciones sin fundamento no sólo representan una responsabilidad para los agentes de las fuerzas policiales, sino que también suponen un necesario resguardo de las garantías constitucionales por quienes integran el poder político.

“Un elemento muy simple que nosotros les propusimos al gobierno era el de hacer un protocolo en el que quedara explicitado cuáles son estos estándares mínimos de derechos ciudadanos y facultades de las fuerzas de seguridad que deben respetarse”, explicó la doctora. Se trata del deber de probar la culpabilidad, el de informar a las personas el motivo de la detención, y la obligatoriedad de realizar un acta en la que consten dos testigos del hecho delictivo. Para Durrutty, “todo esto debería estar visible y exhibido en las comisarías de la ciudad porque hay mucha gente que ni siquiera sabe que están violando sus derechos”.

Audio: Durrutty

Entrevista en “Desde El Comienzo”. FM Radio Milenium 94.1