Denuncian a la empresa Movi por discriminar a conductoras mujeres

Reclamaron en la Justicia que sean incorporadas como planta estable. Habían hecho reemplazos, pero no volvieron a llamarlas. De acuerdo a la presentación en Tribunales, la firma sólo sumó a trabajadores varones.

María Alvarez ya se había cansado de dejar su currículum ofreciéndose como chofer en distintas empresas de colectivos. Cuando por fin la contrataron para cubrir las vacantes por vacaciones en la ex empresa La Mixta. Desde el 4 de enero a fin de marzo del año pasado, estuvo al volante de los colectivos de las líneas 126,127,112 y 141. Ingresó junto a otras siete mujeres, pero al final del trimestre ninguna quedó en la empresa. Ahora, con otras cuatro compañeras, presentó un amparo judicial por discriminación de género contra la firma Movi Rosario. La medida busca que se las mantenga en sus puestos de trabajo. Pero también que se cumpla con una ordenanza municipal que promueve el ingreso de mujeres a las empresas del transporte urbano de pasajeros.

Amparo

El pedido llegó a fines de abril al juzgado laboral de la 10ª nominación, a cargo de María Andrea Deco. Hace unos diez días, la magistrada resolvió aceptar el amparo colectivo considerando el “incuestionable” contenido social del derecho al trabajo de las mujeres. Y la existencia de una normativa municipal que promueve la incorporación paritaria de hombres y mujeres en el servicio de transporte público.

De acuerdo a la resolución, “el reclamo no se articula por la mera situación de cuatro intereses particulares. Sino que se centra en la “clase” —al decir de las actoras, lo que será sujeto de debate y prueba— mujeres aspirantes a ser contratadas como conductoras de colectivos. Cuyo ingreso a la planta permanente de las empresas habría sido obstado por la discriminación hacia la mujer”.

Para Alvarez, la aceptación del amparo es “un paso muy importante”. Que abre las puertas “para todas las otras mujeres que vienen detrás, para que sepan que pueden realizar su trabajo y desempeñarse en lo que les gusta con entera libertad”.

Un verano

Alvarez fue una de las siete mujeres que en el verano de 2018 lograron ingresar como choferes a la ex empresa La Mixta, hoy Movi. De acuerdo a la presentación judicial, luego de haber trabajado y cumplido con todos los requisitos de forma profesional e idónea durante tres meses, la empresa de colectivos no las sumó a su staff permanente. “Ni incorporó a ninguna mujer, tomando sólo trabajadores varones. Incluso en las vacantes que se generan en la actualidad, en una conducta claramente discriminatoria por causa de género”.

Por eso, después de agotar otras instancias administrativas, decidieron promover la acción judicial solicitando la reinstalación en sus puestos de trabajo, “por la conducta discriminatoria del empleador que les impide y obstaculiza el ejercicio regular del derecho a trabajar por sus condiciones de género”.

El amparo se presenta contra la empresa Movi Rosario, surgida de la unión de las empresas Semtur y La Mixta, con la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte.

Pero, además, el amparo advierte que existe una ordenanza municipal de 2006 que establece la cobertura “en forma igualitaria” de las vacantes que se producen en el transporte urbano de pasajeros y reclama “que se obligue a la demandada a incorporar mujeres en la planta permanente de choferes de colectivos”.

Tres en mil

Romina Perea es abogada de la Federación de Choferes de Colectivos (Foetapra) y patrocina a las colectiveras. “Hay algunas que tienen años de experiencia en el transporte, todas son idóneas, todas se capacitaron y todas ingresaron en la empresa y cumplieron su tarea con responsabilidad, pero aun así ninguna quedó efectiva”, advirtió la profesional.

De este modo, a trece años de la norma, los conductores de los colectivos urbanos son casi exclusivamente varones.

Según relevaron las amparistas, de casi mil choferes, apenas hay dos mujeres colectiveras en Rosario Bus y otra mujer que maneja los ónmibus de la línea 122 de El Cacique.

“Lo más cuestionable —advirtió Perea— es que quien ejerce esa discriminación hacia las mujeres es el propio Estado, a través de su empresa de colectivos”. (La Capital)

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