Triple crimen: “Los acusados actuaron por venganza”

Fiscalía y Querellas pidieron entre 25 y 36 años de prisión para los imputados.

La fiscal del juicio oral por el triple crimen de los militantes del Frente Popular Darío Santillán, cometido el 1 de enero de 2012 en Rosario pidió este viernes 30 años de prisión para tres de los acusados por hallarlos “coautores materiales” y 26 años para el restante, a quien le atribuyó ser “partícipe necesario” del hecho. “Quedó comprobado que el triple crimen fue perpetrado por los cuatro imputados que funcionaban como una banda delictual relacionada con el narcotráfico y contó con la complicidad de policías”, afirmó en su alegato la fiscal Nora Marull

Las penas fueron pedidas para los imputados por los asesinatos de Jeremías “Jere” Trasante (17), Claudio “Mono” Suárez (19) y Adrián “Patóm” Rodríguez (18), cometidos la madrugada de Año Nuevo de 2012 en una canchita de futbol del sur de la ciudad santafesina de Rosario.
La fiscal Marull pidió 30 años de prisión para Sergio “Quemado” Rodríguez (44), Brian “Pescadito” Sprío (26) y Daniel “Teletubi” Delgado (24) y 26 para Mauricio “Chupín” Palavecino (23).

Por su parte, los abogados querellantes Jessica Venturi y Federico Garat (por Trasante), Antonio Ramos (por Suárez) y Norberto Olivares (por Rodríguez) coincidieron en pedir penas de 35 años para todos los imputados.
Los alegatos de la fiscal y las querellas se basaron en los datos aportados por unos 80 testigos durante las dos semanas que duró el juicio, entre ellos los presenciales.

También sirvieron de prueba las escuchas telefónicas y los peritajes de balística que se usaron para relacionar al triple crimen con el enfrentamiento a balazos que previamente mantuvieron Maximiliano “Quemadito” Rodríguez (26), hijo de “Quemado” Rodríguez, con una banda contraria liderada por Ezequiel “Negro” Villalba (24).

Para la fiscal, este suceso en el que “Quemadito” resultó herido, fue el detonante de la posterior masacre de los tres jóvenes militantes del Frente Popular Darío Santillán cometida por confusión de la banda de “Quemado” cuando buscaban venganza por el primer hecho.

La fiscal aseguró que durante el juicio se logró comprobar que “se trató de un error ya que lo que en realidad buscaban los hoy imputados era la venganza por lo que una banda contraria le había hecho a Maxi “Quemadito” Rodríguez”.

Sobre la complicidad policial, Marull hizo hincapié en escuchas telefónicas “que relacionan a agentes de la fuerza como Centurión, Carrillo y Martín con los imputados” y se centró en la participación del último, encargado de la seguridad del hospital de Emergencias, quien “se encargó de modificar la documentación del centro de salud para que no constara la entrada de Maximiliano con heridas de bala”.

Consideró que “los testigos pudieron reconocer a los imputados presentes, sobre todo el sobreviviente de aquella noche, Marcelo “Moqui” Suárez, quien reconoció a “Quemado” Rodríguez con la vestimenta que tenía esa noche, describió también sus rasgos físicos y el arma que empuñó para dispararles”.

Otro testimonio probatorio para Marull fue el de “Negro” Villalba quien “reconoció a todos los partícipes con nombres y apodos ya que dijo haberlos visto pasar frente a él luego de la ataque a tiros a pocos metros de la canchita de fútbol”.

Para Marull, Palavecino “tuvo una participación activa no sólo al aportar el vehículo con el que se transportaron los atacantes sino también en la organización del asesinato por las múltiples llamadas que se registran en esa fecha y en los momentos previos al ataque”.

Al referirse a la estrategia de las defensas de los imputados, la fiscal consideró que “actuaron en bloque, mancomunadamente. La estrategia no fue presentar otra versión propia de los hechos diferente a la de la fiscalía ya que no se intentó demostrar anda, sino que quisieron hacer caer la prueba” que tenían.

Luego fue el turno de los abogados de la querella. Quien tomó la palabra primero fue Federico Garat, quien junto con la abogada Jéssica Venturi representan a las familias Trasante y Suárez. Garat enmarcó la causa dentro de una disputa territorial vinculada al narcotráfico, y planteó que “los acusados actuaron por venganza, en forma coordinada e inmediata, mientras que del otro lado, quienes caían bajo sus balas eran miembros de una organización social en el que el motor principal es la solidaridad hacia los otros”.

Luego tomó la posta Jésica Venturi. “Después de transitar este juicio estamos convencidos de que podemos demostrar cada uno de los hechos: cuándo llegaron, cómo llegaron, cómo se desplazaron y cómo se fueron los acusados”, aseguró la letrada, quien recordó la inocencia e indefensión de las víctimas: “Si repasamos cuáles eran sus sueños esa noche, que estaban en un lugar abierto, relajados, solos, y obviamente desarmados, vemos que a ellos no los fueron a buscar: a ellos los encontraron y los fusilaron”.

Los abogados de las familias Trasante y Suárez pidieron 35 años de prisión para los cuatro acusados, y reclamaron “un fallo con profundo sentido de justicia por el caudal probatorio existente”, y que “consideren las características del hecho, el modus operandi, el desprecio por la vida, y que tengan en cuenta la indefensión de las víctimas y el constante menosprecio por la justicia en todo el proceso posterior al hecho y judicial”.

Por último realizó su alegato fue Norberto Olivares, abogado de la familia de Adrián Patóm Rodríguez, quien coincidió en el mismo pedido de pena para los cuatro imputados que la otra querella.

El juicio continuará el lunes con los alegatos de los abogados defensores Carlos Varela y Adrián Martínez (de Rodríguez); Ignacio Carbone (de Palavecino); Fausto Yrure (de Delgado y Sprío) y Gabriel Navas (de Delgado).

El tribunal a cargo del debate, presidido por el juez Gustavo Salvador e integrado además por Ismael Manfrín y José Luis Mascali, dictará el veredicto el viernes 5 de diciembre a las 9.

(Redacción Rosario)