La Auditoría General de la Nación se comprometió a investigar la tragedia de calle Salta

Familiares de las víctimas fueron a Buenos Aires a pedir la intervención del organismo acompañados por concejales.

Una decena de familiares de víctimas fatales de Salta 2141 le pidió ayer a Leandro Despouy, presidente de la Auditoria General de la Nación (AGN), que intervenga con una investigación sobre los sucesos del 6 de agosto de 2013. La entrevista se concretó en la sede central del organismo en Buenos Aires y fue promovida y acompañada por la concejala rosarina María Eugenia Schmuck, y por su colega Carlos Cardozo.

Para el grupo de familiares que ayer llegó hasta Rivadavia al 1700 resulta inadmisible que funcionarios de alto rango de la empresa prestadora Litoral Gas, que se encuentran bajo investigación penal y en calidad de procesados, continúen trabajando con normalidad en la compañía que proveía el servicio al edificio que explotó, y provocó la muerte de 22 personas. Para Eleonora López y Marcela Nissoria, voceras principales del grupo, la continuidad de la concesión en manos de la empresa no tiene ninguna lógica y ofende la memoria de las víctimas.

En contraste con la angustia de los familiares, el dueño de casa los recibió con tranquilidad, durante 40 minutos, en el bellísimo salón del primer piso, bajo la luz natural que atraviesa el vitraux del techo. Escuchó y se comprometió a promover una investigación desde la AGN que luego arroje un dictamen que determine si hubo o no responsabilidades de los organismos de control implicados: el Ente Nacional de Regulación del Gas (Energas), la Municipalidad de Rosario y también de la propia empresa prestataria.

Schmuck presentó a los familiares ante Despouy y detalló el derrotero del dolor que se inició hace casi once meses, y que no cesa. «Parecemos locos, ya nadie nos escucha, pero no somos locos perdidos», denunciaron los familiares, mientras se tramita una investigación penal. Despouy se mostró dispuesto a colaborar, pero a la vez reconoció que «el Estado no tiene tantas herramientas para actuar, por la propia naturaleza de los contratos de privatización».

Actuación. Las sospechas principales de los familiares pasan por la presunta actuación deficiente que habría tenido el Enargas en su tarea de fiscalizar el trabajo de Litoral Gas. Sin embargo, Despouy advirtió que Enargás actúa «por denuncias». Donde hubo total coincidencia fue en calificar como «irrisoria e irrelevante, una burla» la multa dineraria de seis millones de pesos que debería abonar la empresa que produjo el estrago.

«Además de irrisoria, les anticipo que lo más probable es que no la paguen», pronosticó el dirigente radical y presidente de la AGN. Las montos dinerarios de las multas fueron establecidos por un valor nominal, por normativas con muchos años de sanción y ningún mecanismo de actualización por inflación. «El monto de seis millones corresponde al dólar uno a uno, en la actualidad representa un 10 por ciento del valor real que quisieron poner los legisladores en su momento», explicó el concejal del PRO Carlos Cardozo.

Marcela Nissoria y Eleonora López, explicaron que se sienten extorsionadas por la compañía de seguro que ofrece una resarcimiento de 1,6 millón de pesos por víctima fatal, «pero simultáneamente te obliga a descartar la continuidad de los reclamos judiciales». El monto también es cuestionado por los familiares, quienes señalaron: «Hoy por una muerte de accidente de auto te pagan 3 o 4 millones».

En la última semana, y luego de mucho intentarlo, este grupo logró mantener un contacto con funcionarios del Enargas. Pero la reunión no los satisfizo: el ente de control del gas les hizo saber que se encuentra impedido de mantener reuniones durante el litigio penal por el hecho de ser parte de la investigación. «Nosotros nos preguntamos por qué nadie del Enargas se encuentra imputado», dijeron.

La lucha del sector de familiares que ayer visitó la AGN en Buenos Aires se orienta «a cambiar las leyes, lo que sea necesario, porque no es posible que pase lo que pasó en Salta 2141 y todo siga igual», expresaron.

Sin distinción. El señalamiento crítico de los familiares no hace distingos. «La intendenta Mónica Fein dice que está tratando de hablar con el Enargás hace un mucho meses, y el Enargás no la atiende, ¿cómo se entiende eso?», dispararon. «El ministro (de Planificación Julio) De Vido y la presidenta Cristina Fernández no le retiraron la concesión a Litoral Gas», concluyeron.