Harán test de narcolemia a choferes de taxis, colectivos y ambulancias

Ya hubo dos casos positivos detectados a partir de denuncias de ciudadanos. Ahora se sumarán a las fiscalizaciones de rutina.

Los controles de narcolemia que debutaron a principios de año en la ciudad, ahora se extenderán a los conductores de servicios públicos: taxis, colectivos, remises, ambulancias y patrulleros policiales. Así lo aprobó ayer el Concejo y se estima que su instrumentación será inminente. «Hasta ahora dos taxistas dieron positivo en los test que detectan si manejaban bajo efecto de alguna droga, pero no como parte de operativos de rutina, sino a partir de denuncias de los ciudadanos», aclaró el impulsor de la iniciativa, el concejal Jorge Boasso (UCR).

El edil destacó que para estos choferes «existía hasta ahora una especie de discriminación a la inversa, ya que estaban fácticamente excluidos de la narcolemia, cuando debían ser los primeros en ser controlados».

En ese sentido, Boasso recordó que los controles de narcolemia «fueron aprobados en 2014 para detectar si además de estar alcoholizados había conductores que estuvieran drogados. Recién en diciembre de 2016 empezaron estos controles, con los resultados que preveíamos».

Al respecto, reiteró las cifras oficiales que se difundieron esta semana: «Cada 10 controles de narcolemia que se vienen haciendo desde principios de año, cuatro dan positivo a partir de la sospecha del médico que participa de los operativos. Pero observábamos que no se hacían con frecuencia a conductores de servicios públicos, que son los que más vidas deberían resguardar además de la propia», indicó.

El texto ayer sancionado establece la obligatoriedad de sumar en las fiscalizaciones a conductores de taxis, de colectivos, de ambulancias, patrulleros, y de servicios públicos concedidos por el Estado. «Todos aquellos donde hay un interés público en juego», agregó Boasso.

A la fecha se habían detectado dos casos de taxistas con narcolemia positiva. «Pero no se dieron como resultado de controles rutinarios sobre el sector sino por denuncias de particulares (al 147)», apuntó el concejal radical.

Boasso recalcó que «estos controles de narcolemia no tienden a perseguir al consumidor de droga. Sino únicamente a que no haya conductores de autos, motos y todo tipo de vehículos que conduzcan bajo los efectos de sustancias prohibidas porque eso realmente altera los cinco sentidos, las reacciones y pone en riesgo su vida y la de terceros».

Sobre las objeciones planteadas por algunos científicos referidas a posibles efectos residuales de la marihuana en sangre que podrían extenderse hasta diez días, Boasso las relativizó: «En ese caso no debería dar positivo, los equipos que se utilizan están validados a nivel internacional, hay cortes en nanogramos para evitar estas situaciones», sentenció.

Sanciones

Respecto a las sanciones en casos positivos para conductores de servicios públicos, Boasso explicó que «se penará con multa y retiro de la licencia de conducir, como lo establece la actual ordenanza, y por tratarse de servicios públicos se deberá realizar la inmediata comunicación a la autoridad designada por los ministerios o reparticiones correspondientes».

«Si se trata de un chofer de colectivo, las autoridades de Tránsito y del Tribunal de Faltas deberían comunicarse de inmediato con la empresa para que ellos le apliquen una sanción complementaria», sumó.

La iniciativa establece que «los controles a realizarse sobre choferes afectados al servicio público se realicen de manera tal de no afectar el normal desenvolvimiento y desarrollo de sus funciones. Se sugiere que se realicen en las distintas dependencias antes de que los vehículos sean afectados al servicio».

Consultado sobre los tiempos de implementación de los nuevos controles, el edil del radicalismo señaló: «Entiendo que será en breve. La voluntad política de la Intendencia es profundizar estos controles de narcolemia a los servicios públicos, más ahora que la provincia avanzará con controles similares sobre la policía y los propios funcionarios».

Drones

El Concejo avaló ayer la realización de un estudio de factibilidad para la adquisición de equipos de vuelo no tripulados (comúnmente denominados «drones»), con el fin de que se constituyan en una red para emergencias médicas. La iniciativa del radical Jorge Boasso busca reducir los tiempos de respuestas sanitarias. (Guillermo Zysman/La Capital)