Guzmán negocia sumar una «cláusula gatillo» para destrabar el acuerdo con el FMI

El Fondo se comprometería a que si en el futuro se extienden los plazos a más de 10 años, el Facilidades Extendidas se renegocie.

Martín Guzmán negocia en estos días incluir en el potencial acuerdo que se firme con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una cláusula inédita y fundamental; para destrabar dentro del país la posibilidad de firmar el esperado “Facilidades Extendidas”. El ministro de Economía avanza en las conversaciones con el staff del organismo que maneja Kristalina Georgieva, la inclusión de un capítulo especial que mencione específicamente que si en el futuro se modifica la Carta Orgánica del Fondo y se habilita la alternativa de acuerdos a más de 10 años; el Facilidades Extendidas que se firme con Argentina pueda ser revisado e incluya los nuevos plazos. Si, por ejemplo, se cerrara este año el acuerdo y se firmara durante el 2021 un pacto a 10 años, y en el caso que el estatuto del FMI cambiaria en el período vigente del acuerdo (hasta 2031), el organismo debería permitirle al país la extensión de los plazos. Según coinciden tanto los negociadores con los que trata el país, encabezados por la norteamericana Julio Kozac, como el ministerio de Economía argentino; esta “cláusula” no violentaría el estatuto del FMI y habilitaría al país para recibir cualquier mejora futura en las condiciones vigentes. Dicho de otra manera, el acuerdo con el Fondo nunca tendría condiciones peores, y estaría abierto a mejorarlo si en el futuro hay cambios en los tipos de planes de pago que le convengan al país.

La inclusión de la cláusula está en sus últimas etapas de negociación, y contaría con el aval tanto de la conducción del FMI, como del gobierno de Alberto Fernández. Coinciden en Olivos y el Palacio de Hacienda, que la inclusión de este capítulo le permitiría al Ejecutivo, poder sortear las dificultades políticas internas dentro del propio oficialismo, que reclaman un acuerdo a más de 10 años; algo hoy imposible de conseguir. No por falta de voluntad o poca presión de Guzmán y los negociadores argentinos, sino por la imposibilidad de lograr a tiempo cambios tan radicales en las estructuras del FMI. Se reconoce dentro del Gobierno, que la posibilidad de modificar los tiempos de los acuerdos a 10 años, ameritan cambios políticos internacionales, donde se debería contar con el apoyo absoluto de la mayoría del 85% del board del FMI, incluyendo los votos positivos de Estados Unidos y Europa. Si bien en sus giras Guzmán encontró buena voluntad para discutir el tema, también se convenció que esta alternativa forma parte de discusiones política a un nivel de jefaturas de estado y bloques económicos mundiales, una alternativa que excede las capacidades actuales de la Argentina; aún si el reclamo es global de América Latina. Guzmán, en concreto, no podría negociar hoy un acuerdo a más de 10 años; pero sí incluir alternativas para que esa posibilidad quede latente; en el caso que el estatuto del FMI se modifique en el futuro.

El ministro y el staff negociador del Fondo están discutiendo además, de buena fe, que en el acuerdo se incluya también la alternativa de que los compromisos que se acuerden con el organismo financiero internacional a liquidar en el futuro, podrán no ser ejecutados con reservas o el saldo de la balanza comercial sino con el propio refinanciamiento del FMI. Y para que esto ocurra, lo único que tendrá que hacer el país es cumplir las pautas que se acuerden para cerrar el Facilidades Extendidas que se renegocia desde la semana pasada. Guzmán sabe que hoy el FMI acepta visiones heterodoxas, quizá por primera vez en su historia. Al menos en la relación con el país. Guzmán asegura, para que haya más flexibilidad de aceptación de parte del “ala política dura” del oficialismo, que las negociaciones son con un FMI más estructuralista, donde se afirma que la inflación en el país es “fenómeno multicausal” y no una cuestión meramente monetaria, lo que implica un logro histórico que debe reconocerse. Y que se traduce en que en el futuro las metas que se discutan no incluyan ajustes fiscales extremos del tipo “déficit cero” con emisión monetaria mínima sino que se aceptarían políticas expansivas del tipo keynesianas para buscar la salida de la crisis argentina.

Los términos generales del acuerdo que tiene en mente Guzmán serían los siguientes. De firmarse este año durante el segundo semestre un Facilidades Extendidas del tipo clásico (10 años con un plazo de 4,5 años para el inicio de los pagos); Argentina debería comenzar a liquidar sus compromisos en el primer semestre de 2026; y capital, en el segundo. Esto implicaría que el primer desembolso serio tendría que concretarse entre septiembre y diciembre de ese año. Teniendo en cuenta que la actual gestión de Alberto Fernández culmina en diciembre de 2023, será el próximo Gobierno quién deba tener en cuenta estos pagos. Pero tres años después de haber asumido, y en un tiempo político diferente al que hoy transcurre en la gestión Alberto Fernández. Esto es, sin las expectativas de una elección legislativa de medio término y a un año de terminar la próxima presidencia. Según la visión de Guzmán, con tiempo suficiente para demostrarle al FMI que el plan que presentó en Washington da resultado y que con una visión heterodoxa de la economía es posible ordenar las cuentas primero y hacer crecer sólidamente la macro después. Las paulatinas misiones del FMI lo irían comprobando en las fiscalizaciones periódicas; las que se prometen más que discretas y sólo de observación. Lo más importante llegaría para comienzos de 2026. Llegado el momento de comenzar a pagar.

¿Cómo se harán las liquidaciones? El equipo de Martín Guzmán confía que para 2025 Argentina ya haya salido de su crónica crisis fiscal y comercial, y generara la suficiente confianza ante el organismo para que el FMI refinancie el Facilidades Extendidas en plazos similares a los eventualmente firmados este año. Aquí se incluiría una novedad. Argentina podría liquidar cada año desde 2026 unos u$s2.000/u$s3.000 millones de capital para ir reduciendo el monto adeudado, y coincidiendo con lo propuesto por el Instituto Patria. El capital terminaría de liquidarse en plazos de entre 15 y 20 años, el tiempo que tiene Máximo Kirchner en la cabeza. Bien comunicado, sería una manera de cumplir tanto con lo que busca Guzmán como con lo que reclama el Instituto Patria. Para este centro, la condición de aceptación es que dentro del acuerdo se indique que de cumplirse lo firmado, habrá una renegociación de los vencimientos de 2026. Se incluiría también un artículo que indique que si el FMI modifica su estatuto en cuanto a los tiempos y condiciones de los Facilidades Extendidas, en esa renegociación del 2025/2026 se incluyan también para el país.

El ministro se comprometerá ante el FMI a que en un plazo de dos o tres ejercicios fiscales (contando a partir de 2022), el país llegará a un equilibrio fiscal. Esta meta, sabe Guzmán, es inevitable para llegar a un Facilidades Extendidas. Lo novedoso de lo negociado por el ministro en Washington ante Kristalina Georgieva en persona es que esa meta se logrará en los términos macro que indique el país y no a las reglas clásicas del organismo.