Un juicio por drogas en el que todos terminan embarrados

El Tribunal Oral Federal Nº 2 dio la sentencia a la ex banda de Carau Quevedo. Norma Acosta y otras seis personas fueron condenadas a penas de hasta seis años de prisión. Es por el supuesto desbaratamiento de dos cocinas de cocaína ocurrido en 2009. Pero también están complicados policías antinarcóticos, sospechados de sembrar pruebas.

Casi como si fuera un clásico de los últimos quince años, al término de un juicio por infracción a la ley de drogas un tribunal oral federal local ordena investigar la acción policial, cuyas irregularidades quedaron de manifiesto a lo largo del debate oral. Y también como parece ser norma, ese procedimiento viciado, con nulidades ya aceptadas por estos mismos magistrados y que amenaza con caerse al ser revisado por la Cámara Nacional de Casación Penal, sirvió como argumento legal para condenar a los encausados, en este caso siete.

La sentencia por el supuesto desbaratamiento de dos cocinas de cocaína ocurrido en 2009 por parte de la policía antinarcóticos provincial, caso por el cual nueve personas llegaron a juicio, fue dada a conocer el lunes pasado. El Tribunal Oral Federal Nº 2 en este caso estuvo compuesto por Jorge Venegas Echagüe, Beatriz Caballero de Barabani y Santiago Harte. Este último (quien actuó pese a estar jubilado) fue uno de los tres históricos integrantes del otro tribunal federal local, el Nº 1, junto con Laura Cosidoy y Otmar Paulucci, que se caracterizó por procedimientos con las características de los mencionados más arriba, en lo que por ejemplo se mandó a investigar a policías de Drogas que hoy ocupan cargos de decisión en otras reparticiones de la Policía provincial.

Venegas Echagüe, en tanto, fue secretario de ese tribunal durante mucho tiempo, mientras que Caballero era defensora oficial ante el mismo tribunal. Finalmente, anteayer, los penados no lo fueron por la fabricación y tenencia de drogas sino por tenencia con fines de comercialización.

Irregularidades varias

El liderazgo de la banda que llegó al juicio que empezó hace un mes y medio se le atribuía a Arturo Quevedo, alias Carau, quien fue asesinado el año pasado en una saga de homicidios resonantes que comenzó en septiembre con la muerte de Martín Paz, alias Fantasma, y fue atribuida a la banda de los Monos. De los otros nueve procesados, sobresale el nombre de Norma Acosta, una mujer que se hizo conocida en los últimos meses al denunciar que su marido, Miguel Saboldi, alias Japo, había sido detenido en un procedimiento fraguado en la denominada narcochacra de Alvear, y que días después murió durante un incendio intencional en la alcaidía con otros dos reclusos, muerte cuya autoría atribuyó al intendente de Villa Gobernador Gálvez, Pedro González, y a un sindicado narco que se encuentra prófugo, Luis “Pollo” Bassi.

Acosta y otras seis personas fueron condenadas a penas de hasta seis años de prisión y otras dos terminaron absueltas. De los dos procedimientos más importantes anulados por los magistrados uno fue la incautación de una bolsa con droga en un auto en el acceso sur, donde fue detenida Acosta junto con su suegra (y a la vez pareja de Quevedo) Elba Cuello y otro imputado, Ariel Maidana. El tribunal consideró que se contradecían los testigos al decir que la droga había sido secuestrada en distintos lugares del vehículo. Otra nulidad fue la de un operativo en Villa Gobernador Gálvez, donde supuestamente se almacenaba cocaína, concedida ante el pedido de las defensas.

Los magistrados ordenaron que se investigue el accionar de policías provinciales y federales y puntualmente enviar a fiscalía copias de las declaraciones de testigos y tres acusados en el mencionado operativo en Villa Gobernador Gálvez, por la posible comisión de un delito por parte de uniformados santafesinos.

Connivencia policial

Igualmente, tal como quedó en evidencia en la reciente megacausa de los Monos que se instruye en la Justicia provincial, el tribunal federal ordenó informar al Ejecutivo santafesino una denuncia de dos policías, quienes dijeron que desde la fuerza “se habría informado a los sospechados sobre la decisión de allanar diversos domicilios”, lo que se desprende que escuchas que constan en la causa.

Otro capítulo se dispuso para informar al gobierno que el juez de primera instancia había ordenado la filmación de los 22 allanamientos, a lo que los policías contestaron que no lo habían hecho por falta de medios técnicos, una argucia que se repite en las causas por narcotráfico y que no es sancionada, según destaca la defensora oficial Matilde Bruera, que en esta causa representó a siete personas.

Al Ministerio de Seguridad provincial el tribunal le pedirá medidas para que en las actas de procedimientos se consignen “los nombres de todas y cada una de las personas que intervengan”, además de la captura de tres prófugos: Jesús Saboldi (hermano de Japo), María Isabel Albornoz y Jesús Acosta.

La fiscalía federal en turno también recibirá copia de escuchas para que “se investiguen delitos de acción pública relacionados con el narcotráfico por parte de posibles miembros de la Policía Federal”.

Testigo arbolito

Durante el juicio compareció un albañil que aseguró no saber por qué había sido citado como testigo. Es que lo interrogaron por un procedimiento en Villa Gobernador Gálvez y él dijo haber sido testigo de un allanamiento pero en Granadero Baigorria y en el marco de otra causa, lo que las defensas consideran un ejemplo de la habitual presentación de procedimientos amañados ante los jueces de primera instancia.

También a lo largo de los debates hubo múltiples imputaciones de Norma Acosta contra policías, a quienes además de acusarlos de plantarle la droga les endilgó connivencia con el narcotráfico. Como ejemplo, solicitó y le otorgaron un careo con el entonces jefe de Inteligencia de la ex Drogas en el sur de la provincia Gustavo Spoleti, y cargó duro contra Néstor Juan Fernández, alias Beto, que por entonces trabajaba en Venado Tuerto y hoy está en disponibilidad en el marco de la llamada causa Tognoli.

Narcochacra

Igualmente, durante las audiencias Acosta apuntó contra el cabo Fabio Ces, quien además de participar en el procedimiento que la llevó tras las rejas fue parte del cuestionado operativo en la llamada narcochacra de Alvear. En ese procedimiento, efectuado el 8 de abril pasado, la Policía dijo haber secuestrado 19 kilos de droga, además de incautarse de 150 mil pesos en efectivo y armas. La Justicia provincial investiga irregularidades en ese procedimiento, entre ellos la desaparición de una bolsa cuyo contenido no ha podido determinarse.

Según el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini, en la filmación del procedimiento se ve a un policía abrir esa bolsa, ver el contenido, gritar ¡bingo! y desaparecer de la escena con este elemento, que no figura entre el material incautado. Voceros del caso indican que Ces está sospechado de ser ese policía.

(Cruzdelsur)