Senado: Media sanción al proyecto para decomisar bienes del narcotráfico
«Con esta ley vamos al corazón del problema del narcotráfico, y también de la inseguridad», argumentó Giustiniani, autor de la iniciativa.
Los recursos económicos, el combustible que les permite desarrollarse a las bandas delictivas de narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas con fines de explotación, podrían cortarse. El Senado de la Nación dio ayer media sanción a una ley de «extinción del dominio sobre los bienes provenientes del narcotráfico».
La media sanción (que ahora pasó a Diputados) trae una novedad clave: de aprobarse, no será necesario esperar que un proceso judicial termine en una sentencia para recién luego ir sobre los bienes obtenidos de un modo ilícito por los condenados.
Cuando existan «indicios vehementes y suficientes» en relación al modo delictivo de la obtención de recursos, la Justicia penal federal podrá decomisarlos al inicio del proceso jurídico, y no al final, cuando llega la sentencia, que incluso puede ser absolutaria. Que suele ocurrir luego de varios años.
El proyecto de ley que ahora pasó a Diputados modifica el artículo 23 del Código Penal, e introduce el 23 bis. Cuenta con una potencia política notable: nació por iniciativa del senador Rubén Giustiniani —quien luego consensuó con otras tres propuestas, de la UCR, el oficialismo y el PRO— y fue votado por unanimidad.
El senador socialista Giustiniani, al término de la sesión, celebró: «Con esta ley vamos al corazón del problema del narcotráfico, y también de la inseguridad».
El rosarino amplió en el recinto del Senado: «Los bienes recuperados contribuirán a asfixiar económicamente a las organizaciones criminales, y también a financiar los programas de prevención y rehabilitación de drogodependientes y adictos».
La norma crea la Dirección Nacional de Bienes Incautados, que se encargará de la custodia, administración, conservación y disposición de los bienes.
Según estimó el Giustiniani, el mercado ilícito de las drogas implican unos 320 mil millones de dólares, a escala global. Una cifra cercana al 1 por ciento del PBI mundial.
Las superganancias del narcotráfico generan gran capacidad de corromper mucho de lo que toca: «Facilitan y aceitan el camino de los narcos, si logramos quitarles los recursos, cambia todo», explicó el senador rosarino.
Con argumentos similares, el proyecto fue defendido por Aníbal Fernández (FpV), Gerardo Morales (UCR) y Adolfo Rodríguez Saá. La senadora Gabriela Michetti, quien también votó la media sanción, aprovechó a celebrar que en este caso el oficialismo aceptó incorporar una proyecto que provino de la oposición.
A propósito, Giustiniani comentó que lo sorprendió para bien la recepción que encontró en el colega Rodolfo Urtubey (FpV, Salta), presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales. En la práctica, la llave que abre o cierra el camino para que un proyecto prospere pasa por la decisión de los presidentes de las comisiones.
Entre sus fundamentos, el proyecto aclara que mantiene absoluta compatibilidad con los preceptos constitucionales, en particular con el derecho a la propiedad. Los bienes adquiridos con capitales ilícitos no tienen legitimidad ni gozan de protección legal.
Por lo demás, el proyecto protege derechos y garantías constitucionales de los potenciales afectados. Se garantizará el debido proceso y la defensa en juicio, de tal forma de resolver el «incidente», en este caso el decomiso anticipado. Finalmente, el derecho de propiedad consagrado por los artículos 14 y 17 de la Constitución no es absoluto, sino que su cumplimiento está sujeto a su función social. Estos derechos no pueden ser reconocidos cuando los bienes provengan de actividades ilícitas.
(La Capital)
