El caso Casco irá a la Justicia Federal

Así lo dispuso ayer la jueza Roxana Bernardelli, quien decidió caratular el caso como «desaparición forzada de persona». La resolución fue adoptada en una audiencia celebrada ayer.

«No voy a permitir que pase un mes más para que esto se investigue como corresponde. Es una grave violación de los derechos humanos y no se puede esperar que transcurran los años», afirmó la jueza Roxana Bernardelli antes de anunciar que la investigación por la muerte de Franco Ezequiel Casco, quien fue visto con vida por última vez en la comisaría 7ª, sea calificada como una desaparición forzada de persona y que, a partir de ese encuadre, sea la Justicia federal la que tenga competencia para llevar adelante la pesquisa. La resolución fue adoptada en una audiencia celebrada ayer en los Tribunales provinciales.

La magistrada también dispuso que se envíen oficios al gobernador Antonio Bonfatti; al jefe de la policía rosarina, José Luis Amaya; y a la División Asuntos Internos de la policía para que se investiguen las posibles faltas cometidas por el personal de la comisaría 7ª y en el caso de que se detecte alguna responsabilidad penal se dé parte a la Justicia.

Qué pasó. Franco Ezequiel Casco vivía en la localidad bonaerense de Florencio Varela y era padre de un niño de 3 años. A fin de septiembre llegó a Rosario para visitar a sus familiares afincados en Empalme Graneros. La mañana del 6 de octubre una tía lo acompañó hasta Rosario Norte con la intención de que abordara un tren hacia Buenos Aires pero no había viajes y volvieron a la casa. Pocas horas más tarde Franco salió de allí y lo último que se supo de él fue que estuvo preso en la seccional 7ª de Cafferata al 300, de donde habría sido liberado la noche del 7 de octubre. Veintitres días más tarde agentes de Prefectura Naval lo hallaron sin vida en el río Paraná, frente al Parque España. Desde entonces, la familia del joven de 20 años denunció que al muchacho lo había matado la policía y el defensor Gabriel Ganón abonó su hipótesis.

Ayer la jueza Roxana Bernardelli planteó una contradicción en el marco de la pesquisa. «En el libro de guardia de la comisaría 7ª consta que Casco fue detenido a las 13 horas del 7 de octubre, pero al padre del muchacho un policía de la seccional le dijo que lo habían detenido el 6 de octubre a la noche», aseguró.

La magistrada también planteó sus dudas acerca de la teoría de que Casco haya muerto en forma accidental o se haya quitado la vida. Primero se preguntó cómo apareció en el canal de navegación del río. «Si alguien se tira desde el puente Rosario-Victoria el cuerpo sigue el cauce del río, pero no aparece en ese mismo lugar salvo que haya sido atrapado por camalotes», especuló.

Según Ganón, la detención de Casco ocurrió el 6 de octubre a la noche pero, según el fiscal Guillermo Apanowicz, el muchacho fue apresado el 7 de octubre a las 13. «No le puedo dar mayor credibilidad a un testimonio por encima del otro, pero me inclino por el día 6. Además le dieron cuenta al fiscal pero no a la defensa, con lo cual el detenido quedó en un estado de desamparo e indefensión», sostuvo la magistrada.

La jueza puso el acento en los fundamentos en un episodio al que calificó de «grave». «La policía dijo que estaba bien cuando se retiró de la comisaría, pero eso no fue constatado por ningún médico». Y afirmó que la responsabilidad policial en la muerte de Casco es la que tiene «mayores elementos» como hipótesis.

Pedido del defensor. Al argumentar su pedido de caratular el caso como desaparición forzosa de persona, Ganón sostuvo que la privación ilegal de la libertad viola el artículo 7º de la Carta Interamericana de Derechos Humanos y recordó los casos de Walter Bulacio (sesinado por agentes de la Policía Federal) y el de Iván Torres (desaparecido en Chubut). «Hay que limitar las facultades policiales de detener sin motivación», planteo.

Luego detalló las irregularidades y omisiones que advirtió en la actuación de la fiscalía. «Actuó con desidia tras recibir la denuncia de averiguación de paradero (de Casco). No cumplió con el protocolo. No controló a la policía. No se hizo nada para averiguar lo que pasó en la comisaría 7ª hasta que la familia denunció el caso en los medios. En el inicio de la investigación hubo un sinnúmero de desprolijidades», detalló Ganón. Y afirmó que el hecho debió ser investigado por una fuerza diferente de la policía provincial.

También criticó la actuación del fiscal Apanowicz. «Hizo perder filmaciones y no advirtió que el celular que le entregó la policía no era el mismo aparato con el que habían sacado las fotos en las que Franco aparecía severamente golpeado en la cara. Le tomaron el pelo y aun así no ordenó medidas con relación al personal de la comisaría», aseguró.

El otro relato. A su turno, el fiscal brindó una detallada explicación de lo que, a su entender, ocurrió desde el arribo de Franco a Rosario. «Vino por un mes pero el 6 de octubre decidió volver a Florencio Varela. La tía lo acompañó a la estación de trenes pero no había servicio hasta la noche. A la tarde de ese día se fue de la casa y a las 13 del 7 de octubre fue detenido luego de la denuncia de un vecino al celular del subcomisario Alvarez, jefe de la comisaría 7ª. A las 15.30 se dio cuenta al fiscal (Alvaro) Campos y se le abrió una causa por resistencia a la autoridad porque intentó tirarle una piedra a los policías. A las 16 la médica policial Zelaya lo examinó y determinó que estaba desorientado en tiempo y espacio», señaló el fiscal.

A las 22.05 de ese día Franco salió en libertad (según el fiscal consta en el libro de guardia). En ese punto la jueza le preguntó si antes de salir había sido examinado por un médico y Apanowicz dijo que no. Y detalló que para ponderar el caso como una desaparición forzada de persona «corresponde que en la privación de la libertad participen policías y nieguen la existencia de la detención. En este caso no hubo ocultamiento», afirmó.

Asimismo, el fiscal abonó tres hipótesis: la participación policial en la muerte de Franco, que haya sido otro el autor o una muerte accidental. Y dijo que en las imágenes de las videocámaras de la Municipaliad y de la provincia aparece una persona similar al joven «a las 23.30 del 7 de octubre en el shopping Alto Rosario, a las 2.20 en el cruce Alberdi, luego en el viaducto Avellaneda y en Cordiviola y Avellaneda», explicó.

De inmediato, la jueza le preguntó si había una cámara en la comisaría. El fiscal dijo que sí pero las imágenes se borran automáticamente a las 48 horas, admitiendo que no pudo observarlas. Sobre la competencia del caso Apanowicz sostuvo que a su entender debía conservar la investigación ya que no estan dados todos los requisitos de la desaparición forzada de personas.

(La Capital)