El Gobierno propone bajar la edad de imputabilidad a 15 años
Es de 16 años y el proyecto con el nuevo régimen penal juvenil propone bajarla a 15. «Lo vamos a consensuar», dijo el jefe de gabinete de Garavano.
La Cámara de Diputados tuvo su primera audiencia para debatir la nueva ley penal juvenil y el Gobierno se encargó de minimizar su artículo más polémico, que reduce de 16 a 15 años la edad mínima para ser condenado a prisión.
«Es un tema que vamos a consensuar entre todos», minimizó el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Martín Casares, el primer expositor de la audiencia coordinada por las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Familia.
Un rato más tarde Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, defendió reducir la edad de imputabilidad de 16 a 15 años, para los casos de delitos penados con más de quince años de prisión.
«Creemos que es una propuesta razonable dentro de las edades de responsabilidad penal juvenil», sostuvo. Lo cierto es que los funcionarios intentaron que el debate no se reduzca a la edad de imputabilidad como ya habían buscado la semana pasada los legisladores de Cambiemos, como la radical Gabriela Burgos.
«Si este Congreso no baja la edad, no se va a bajar», calmó la jujeña a los opositores. Intentó remarcar que se trata de la primera ley de responsabilidad penal de la democracia para reemplazar el régimen de patronato aplicado en el último gobierno militar.
«El proyecto de ley propone un abordaje integral de la problemática, introduce alternativas de inserción social y hace foco en el cuidado de las víctimas, involucrándolas activamente en el proceso», destacó Casares.
“Nos propusimos tener una norma nacional que ponga un piso de derechos y garantías para todos los menores vinculados con el sistema penal juvenil», aportó Benítez.
«Una de las bases del proyecto es la creación de un sistema penal juvenil que hoy no existe en la Argentina a nivel federal. Se necesita una Justicia especializada, ya que el abordaje debe ser diferente del que se da con los adultos. Buscamos una respuesta penal adecuada para los niños y adolescentes que cometieron un delito», continuó.
Expositores
La reunión informativa continuó con la exposición de ONGs, organismos internacionales, investigadores y otros invitados, quienes en muchos casos pusieron el foco en la edad de imputabilidad.
Silvina Paz, de la Fundación Acción Restaurativa Argentina, pidió «agregar un protocolo de actuación», ya que «es necesario recuperar a la víctima, fortalecer la responsabilidad subjetiva de la persona, y reparar los daños causados». Ana Cecilia Bajlec, jueza de Garantías del Departamento judicial de Trenque Lauquen, sostuvo: «Hay que tener en cuenta un sistema con implicación subjetiva e integración social». «Se busca rehabilitar, no reprimir», resaltó. La jueza de Menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carla Cavaliere, destacó «la importancia de que se escuche la voz del imputado y de la víctima». Sobre los mecanismos alternativos, incluidos en el proyecto del Ejecutivo, la jueza señaló: «Debemos tener en cuenta el consentimiento de la víctima para involucrarse en el proceso».
Silvia Guemureman, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), manifestó su opinión «fundamentada por la intención de producir mejores estándares de derechos». Y sugirió que «la propuesta del Ejecutivo se fusione con otras propuestas», y explicó que hasta el 2017 «ha contabilizado más de 100 proyectos presentados». Respecto a la baja de la edad de imputabilidad, Guemureman sostuvo: «Fijar una barrera de edad es una decisión en términos de políticas criminal». «Es donde el Estado se arroga el derecho de poner el límite y la línea divisoria», cuestionó. La abogada Daniela Vetere manifestó la necesidad de crear una «disposición que prohíba el alojamiento de un menor en una comisaría», ya que aseguró «no responde a ningún estándar institucional», puesto que «allí es dónde se produce la mayor violación de los derechos». El defensor general de Lomas de Zamora, German Bauche, recordó el concepto de «Justicia restaurativa como un modo de manifestación del derecho penal», respetando la «forma humanitaria». «Me hubiese gustado que en el proyecto de ley se manifieste una política de Estado con métodos de la justicia restaurativa para resolver los conflictos», manifestó. Diana Eilbaum, de la Dirección Nacional de mediación y métodos participativos de resolución de conflictos, perteneciente a la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, recordó que trabaja en un «protocolo de mediación penal juvenil restaurativa, que introduce modelos de abordaje». Luisa Brumana, representante de UNICEF en la Argentina, pidió «garantizar condiciones de vida digna» y aseveró que «la represión y el castigo deben ser reemplazados por la reinserción social de los adolescentes». «Un sistema de justicia juvenil tiene que ser especializado y los Estados deben tomar medidas para promover leyes específicas para abordar el tema de los conflictos de los adolescentes con la ley penal», describió. (La Política Online)
