Fue aprobado en Diputados la prohibición de prostíbulos en la provincia
El proyecto de la diputada Alicia Gutiérrez (Partido SI) que prohíbe la instalación y funcionamiento de prostíbulos en Santa Fe, comúnmente llamados whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites o locales de alterne, obtuvo una vez más media sanción en la Cámara de Diputados la semana pasada. Según los fundamentos de la ley, que fueron expuestos por la legisladora en el recinto, este tipo de establecimientos, que abundan en distintas localidades de la provincia, facilitan el desarrollo del proxenetismo, la trata de personas y la explotación sexual de mujeres, que en su mayoría son de bajos recursos y muy vulnerables.
Las cifras aportadas por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos son contundentes: indican que el 75 por ciento de las mujeres víctimas de trata son rescatadas de estos locales, mientras que el 25 por ciento restante de departamentos privados. “En los casos en que hay explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes, se quedan con el 50 o 60 por ciento de lo que recaudan. Cuando hay trata, no hay lugar para que la mujer pueda tomar ninguna decisión, porque están en situación de servidumbre”, explicó la diputada.
En este sentido, el proyecto apunta a evitar la criminalización de las personas en situación de prostitución, de las mujeres que día a día se ven obligadas a entregar sus cuerpos a cambio de dinero, que en su mayor parte va al proxeneta, sostenedor de este sistema que explota y trafica con seres humanos. Como sostuvo Gutiérrez: “Debemos lograr que las mujeres que así lo desean puedan tener una alternativa laboral frente a la prostitución, a la que se ven conducidas por sus condiciones de vida, marcadas por la pobreza y la exclusión social”.
Estos delitos están claramente tipificados en el Código Penal y en la Ley de Profilaxis. Incluso la Ley Palacios, de 1913, la primera normativa sancionada en todo el continente americano sobre este tema, fue concebida con el fin de proteger a las víctimas de la explotación sexual, combatiendo este flagelo y penalizando a los responsables. Si esto se cumpliera no sería necesario aprobar este proyecto, que prevé la clausura total y definitiva de los prostíbulos y sanciones, con arresto de hasta sesenta días, para quienes violen la prohibición dispuesta en todo el territorio.
Pero la realidad es que en muchas localidades siguen funcionado estos establecimientos y es frecuente que los prostíbulos, a poco de ser clausurados por las fuerzas públicas, reabran sus puertas y consigan la habilitación correspondiente. Por lo tanto, es indispensable no sólo contar con el apoyo de los Senadores para lograr la sanción definitiva de la Ley, sino también con el compromiso de comunas y municipios para derogar las normativas que infringen sus disposiciones y garantizar su aplicación.
