Subirán hasta $20 mil las multas a dueños de remises truchos
Además, los choferes no habilitados deberán pagar una sanción de hasta seis mil pesos y se les retendrá la licencia de conducir por 180 días.
Por: Guillermo Zysman/La Capital
Los dueños de remises ilegales que sean detectados por los inspectores transportando pasajeros deberán pagar una multa de hasta 20 mil pesos. Además, los choferes de los vehículos no habilitados tendrán una sanción de hasta seis mil pesos y se les retendrá la licencia de conducir por 180 días. Así lo aprobó el Concejo en la última sesión del año, en la que se endurecieron las penalidades a los móviles truchos. Según taxistas y remiseros habilitados, hay unos 4.000 en la ciudad, una «competencia desleal» en tiempos de crisis.
El municipio informó que a lo largo del año se hicieron varios operativos de fiscalización de remises truchos en espacios concurridos. Desde la Secretaría de Control y Convivencia precisaron que se remitieron al corralón unas 500 unidades.
Los funcionarios municipales advirtieron que en tiempos de crisis, donde muchas familias recortan gastos en taxis y remises legales por la suba de tarifas y el costo de vida en general, la contratación de remiserías ilegales aumenta.
Hasta ahora, la multa que aplicaba la Justicia de Faltas local era de poca monta, de unos mil pesos cada vez que el rodado era remitido al corralón municipal y debía ser retirado.
Los taxistas y remiseros reclamaron una fuerte suba de esas penalidades, similares a las vigentes en la ciudad de Buenos Aires, donde la multa puede llegar a los cien mil pesos.
El tema estuvo a punto de aprobarse en octubre pasado cuando se sancionó el último incremento tarifario de taxis y remises por la suba de costos informada por el Ente de la Movilidad.
Pero no consiguió el consenso necesario y volvió a la comisión de Servicios Públicos. El jueves pasado, en la última sesión del año, en la que se aprobó el presupuesto 2019, los ediles finalmente avalaron este cambio normativo.
Una vez que el Ejecutivo promulgue la ordenanza se penará con multa de entre 200 y 500 unidades fijas (UF) «al titular registral o responsable del vehículo que bajo cualquier concepto transporte o ceda a un tercero el vehículo para transportar personas en forma onerosa cualquiera fuera su número, realizando un servicio público en automóvil sin el correspondiente certificado de habilitación».
Como cada unidad fija equivale a un litro de nafta especial en el mercado, la multa irá desde 2019 de los 8.000 hasta los 20 mil pesos. Un suba fortísima para desalentar la actividad.
A los choferes que sean detectados por los inspectores transportando ilegalmente pasajeros, se los penará con multa de 75 a 150 unidades fijas, es decir desde los tres mil hasta seis mil pesos. Además, será inhabilitado, de 60 a 180 días, en la utilización de su licencia de conducir.
A instancias de una propuesta del edil justicialista Osvaldo Miatello, se acordó que «cuando el vehículo utilizado para la realización de la infracción tenga una antigüedad mayor de 10 años, la multa no podrá superar el 70 por ciento de su valor».
Con esto, el PJ buscó atenuar el impacto de la sanción a quienes recurren a una salida laboral informal ante la crisis económica. De lo contrario, en esos casos, la multa perdía proporcionalidad con el valor de mercado del auto.
También se resolvió que en caso de corresponder se dispondrá la inhabilitación y la suspensión del certificado de habilitación de seis meses a dos años para conducir vehículos que presten cualquiera de los servicios públicos de transporte de personas, dispuestos por el municipio.
En paralelo, se dispuso que «si para realizar el servicio no habilitado, los vehículos y las agencias utilizaron símbolos, leyendas y distintivos que originaron confusión a los usuarios, se penará con un 50 por ciento más sobre la multa» original.
Idéntica sanción se aplicará a las agencias de remises que contando con habilitación utilicen o contraten a vehículos que no cuenten con habilitación para el servicio.
Para retirar el auto del corralón, el dueño del rodado secuestrado tendrá «que pagar la sanción económica que disponga el juez de Faltas, presentar libre deuda de patente, libre multa y haber hecho desaparecer los distintivos, símbolos y leyendas, aparatos, dispositivos, conexiones y demás características que fueran utilizadas para lograr la calidad simulada». (La Capital)
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