Condenaron a policías por proveer drogas a narcos del norte santafesino
Fueron detenidos en 2016 por una causa tramitada en la Justicia Federal de Reconquista. Ambos prestaban servicios en la Brigada de Investigaciones.
La Justicia Federal de Santa Fe puso punto final a una red de vendedores de drogas con asiento en Avellaneda y Reconquista. Sus proveedores eran dos agentes policiales que prestaban servicios en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional I. Se trata de Walter Ariel “Gordo” Bustos (44) y Gustavo Miguel “Pelado” Gribaldo (42), ambos detenidos en la cárcel de Coronda desde el 2017.
Sentencia
A los mismos, el juez de cámara del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, José María Escobar Cello, les impuso la pena de seis años de prisión. Se los considera autores penalmente responsables del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Agravada por su calidad de funcionario público encargado de la prevención o persecución del delito de tráfico de estupefacientes”. La pena resuelta fue por medio de un juicio abreviado. El mismo llevado a cabo por el fiscal general ante el tribunal, Martín Suárez Faisal y los abogados de los cinco imputados: Julio Agnoli (defensor oficial); Natalia Giordano y Marcos Sebastián Fabbro.
En la sentencia también fue sentenciado a cuatro años de prisión un remisero de la capital provincial, identificado como Carlos “Anteojito” Arce. Acusado de entregar los estupefacientes y conseguir nuevos “clientes” para Gribaldo y Bustos. En la misma sintonía fueron condenados Romina Andrea Sánchez (pareja de Arce) y Gonzalo César Tórtul Pérez. Asimismo, en el caso de Arce y Sánchez, el magistrado del estrado federal los declaró reincidentes.
El oscuro y sórdido caso tuvo su destape en 2016 luego de una investigación llevada a cabo por la Subdelegación de la Policía Federal Argentina (PFA) de Reconquista. Esto en el marco de una investigación tramitada por la entonces fiscal subrogante de aquella ciudad, Viviana Bruno Campagna.
De Santa Fe a Reconquista
El 2 de octubre del 2014, los agentes de la PFA Reconquista iniciaron una pesquisa judicial. Con el fin de detectar cuál era la logística de un vendedor de drogas que residía en Avellaneda. El narco con el paso de los meses iba a dejar su huella: Gonzalo Tórtul Pérez era su nombre. Y la llave para destapar la red de distribución y venta de estupefacientes.
A partir de escuchas se estableció que Tórtul Pérez adquiría drogas de una pareja residente en Santa Fe capital. Se trataba de Sánchez y el remisero Arce, los cuales a su vez eran suministrados por los dos funcionarios policiales: Bustos y Gribaldo. Estos prestaban servicios en ese entonces en la ex división de Investigaciones. Este era un organismo que pertenecía a la vieja Agrupación de Unidades Especiales (AUE) de la Unidad Regional I. Y que tras la creación de la Policía de Investigaciones (PDI) fue disuelto en distintas etapas.
Con dos años de investigación, el 21 de septiembre del 2016, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, hizo lugar al pedido de la fiscal Bruno Campagna. Y fueron allanados cuatro domicilios: dos en Santo Tomé, uno en Santa Fe y otro en Reconquista.
Aquel día además los investigadores tuvieron el dato de que Bustos y Arce iban a concretar un encuentro en inmediaciones de Arenales, entre Vieytes y Sarmiento de la ciudad de Santa Fe. Allí, ambos iban a realizar la transacción de dinero por estupefacientes.
Drogas y la máquina de contar
En el automóvil Fiat Uno –dominio ABL 059– en el que se encontraba Bustos, los agentes federales encontraron un trozo compacto de cocaína. También dos celulares, dinero, un arma de fuego y el chaleco de la fuerza con la insignia “Investigaciones UR I La Capital”.
Por su parte, a Arce los pesquisas le hallaron que tenía en su poder 30 mil pesos cuando estaba en el automóvil Chevrolet Corsa junto con Sánchez. A su vez, en el domicilio de ambos, en Maleti al 2400 de Santo Tomé, los investigadores incautaron una balanza de precisión. También dos tablets, documentación, dos celulares y diecisiete mil novecientos cincuenta pesos. Por otra parte, en la casa de Tórtul Pérez, hallaron un arma de fuego y varias municiones.
En tanto, en la requisa en la propiedad donde residía Bustos (Javier de la Rosa al 5700) encontraron una caja con cocaína, un celular, tres cartuchos de gas lacrimógeno, municiones y hasta una máquina para contar billetes.
Finalmente, en la propiedad de Gribaldo, el cual no se hallaba en la vivienda (Almafuerte 1900) al momento del allanamiento los investigadores no encontraron elementos vinculados a la causa. Sin embargo, el 27 de septiembre del 2016, el agente policial se puso a disposición del Juez federal Alurralde luego de que se ordenó su captura.
Mientras tanto, Tórtul Pérez, quien dio inicio a la causa, permaneció prófugo de la Justicia hasta casi un año después, cuando el 27 de agosto del 2017 fue detenido por lo que el círculo de la investigación terminó cerrándose.
Contactos calientes
Los policías condenados no solamente fueron nombrados en la presente sentencia condenatoria. Ya en la Requisitoria de Elevación a Juicio de Sergio “Zurdo” Villarroel, en junio del 2017, el fiscal federal Walter Rodríguez destacó que el empresario del cable de Alto Verde –condenado a nueve años de prisión por organización del comercio de estupefacientes– se habría valido de protección policial para garantizar sus oscuros negocios.
Es que el 28 de mayo del 2015, la Unidad Especial de Asuntos Internos recibió un llamado anónimo donde alertó que funcionarios policiales brindaban protección a Villarroel. Uno de ellos era Gustavo Gribaldo, a quien también se lo identificó con el apodo de “Samanta”. (Sin Mordaza)
