Caso Vicentín: La Justicia rechazó el pedido de investigación de la venta de las acciones de Renova a Glencore

El juez denegó un reclamo del organismo recaudador un día antes del default.

El juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso preventivo de Vicentin, rechazó el pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para investigar la venta del 16,6% de las acciones de Renova al grupo a Glencore, un día antes de la cesación de pagos.

La Afip había solicitado en septiembre del año pasado la formación de un incidente de investigación a fin de determinar la verdadera naturaleza y los alcances de la venta de las acciones que Vicentin tenía en Renova, la “joya” del grupo que entró en default, a una firma del holding Glencore.

Para la Afip, esa venta podría constituir “un acto fraudulento”. La operación del traspaso se produjo en los días previos a que la agroexportadora anunciara la cesación de pagos por “estrés financiero”. La compañía admitió recibido u$s 122,7 millones. “La secuencia de la operatoria da indicios en el tiempo, la forma y la sustancia que permiten sospechar que el acto encuadra en una simulación entre Vicentin y Glencore a través de sus controladas”, aseguró el organismo recaudador.

Según las actas de directorio, Vicentin se desprendió el 3 de diciembre de 2019 del 16,67% de las acciones que tenía en Renova. La operación se hizo pública dos semanas después.

Para fundar su rechazo al pedido de la Afip, Lorenzini argumenta que “los acreedores concurrentes y otros terceros carecen de una legitimación procesal concursal amplia, que los habilite para encauzar en el marco del expediente, postulaciones como la que en esta oportunidad nos toca examinar”.

Además, señaló que “el proceso concursal no constituye un juicio de acreedores contra su deudor”.

Según el magistrado, el la pretensión del organismo recaudador tiene la “finalidad manifiesta de declarar ineficaz o imponible aquella venta de acciones, realizada antes de la presentación en concurso”.

Por lo tanto, dijo, “es la antesala de una eventual acción de recomposición patrimonial o la propia acción cuya legitimación procesal activa es colocada en cabeza del síndico por nuestra ley concursal”.

Y agregó que, “previa a la declaración de quiebra”, corresponderá “analizar aquellos actos jurídicos realizados por la sociedad concursada en el período de sospecha”.

El diputado provincial Carlos Del Frade, integrante de la Comisión de Seguimiento del caso Vicentin, aseguró que la resolución del juez “garantiza impunidad para los directivos del consorcio y traba la necesidad del pueblo argentino en su conjunto de saber qué se hizo con el dinero del Banco Nación”.

“Es lamentable que un juez de la provincia no quiera que se sepa qué hicieron con los dineros de los productores y la población en general; Lorenzini tiene que empezar a explicar por qué protege a delincuentes de guante blanco”, dijo.

Vicentin se declaró en cesación de pagos por estrés financiero a principios de diciembre de 2019. En febrero de 2020 pidió la apertura del concurso preventivo en los tribunales de Reconquista, en la región donde tiene su principal base operativa.

El magistrado abrió el proceso concursal sin que la firma presentara el balance correspondiente. Sus resoluciones se inclinaron en reiteradas ocasiones a proteger a la compañía que defaulteó por u$s 1.400 millones.

Entre otras cosas, trabó la intervención del gobierno nacional y provincial.

Abren concurso de Díaz & Forti

El juez civil y comercial Marcelo Quiroga aceptó abrir el concurso preventivo de acreedores solicitado por Díaz & Forti, la empresa que operaba a fason en las plantas de Vicentin hasta que fue suspendido por las autoridades regulatorias debido a que no liquidó divisas provenientes de la exportación de granos. El magistrado decretó la inhibición de bienes y hoy se sorteará al síndico. El juez, por otra parte, hizo lugar parcialmente al pedido de la concursada para levantar la interdicción que pesa sobre la mercadería existente en las plantas de Vicentin y Renova, y rehabilitarlo para completar embarques de unas 230.000 toneladas de granos comprometidas antes de la restricción.