Violencia, exclusión y criminalización de la juventud
La noticia era brutal: tres adolescentes del Barrio Villa Moreno habían sido asesinados en la madrugada del 1º de enero, a las pocas horas de haber finalizado el año 2011. De esta manera, Jeremías Trasante, Adrían Rodríguez y Claudio Suárez, militantes del Frente Popular Dario Santillán, pasaron a formar parte de una estadística cruel: la de los jóvenes que viven en villas miseria y son los principales destinatarios de las acciones violentas y criminales.
Sus nombres engrosaron las páginas de los diarios y sus fotos recorrieron a un ritmo frenético las redes sociales, portales web, y otros sitios informativos, como así también se transformaron en estandartes de lucha y resistencia, poniendo de manifiesto una situación de vulnerabilidad de la juventud en los barrios más pobres de nuestra ciudad.
El triple crimen fue, además, un hecho paradigmático que contó con la movilización en distintos puntos del país, como sucedió en Capital Federal, Mar del Plata, Salta, Neuquén. El pedido de justicia traspasó las barreras locales, extendiéndose hacia aquellas provincias y ciudades que se solidarizaron con los familiares de las víctimas.
Sin lugar a dudas, este acontecimiento vuelve a poner alerta sobre los miles de pibes que sufren la violencia en carne propia, situación que tiene varias aristas, distintos puntos de conexión que tienen relación directa con la condición de marginalidad y pobreza en la que se encuentran; las estructuras de desigualdad económica que aún persisten en nuestro país; el funcionamiento desarticulado de las instituciones políticas, judiciales, policiales, y todas aquellas encargadas de otorgar un tratamiento de reinserción social a la persona; las condiciones inhumanas en las que tienen que pasar sus días detenidos en los servicios penitenciarios; la sistemática criminalización de la juventud que replican los medios de comunicación, utilizando el hecho delictivo desde una lógica perversa y carente de reflexión sobre los acontecimientos producidos en un contexto informativo que los contenga; la comercialización del paco, una droga realizada con cocaína y restos de otras sustancias peligrosas, de muy bajo costo que tiene como consumidor a niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad.
La cuestión donde hay que poner más atención es en el entramado que nuclea al poder policial, judicial y político, acaso los espacios que deberían ser utilizados como prevención del delito por medio de la estructuración de estrategias destinadas a generar posibilidades y tratamientos especiales que contengan a los detenidos, para su posterior reinserción en la sociedad a través del trabajo y la educación, dos de los pilares más importantes para la construcción de una comunidad con bajos grados de marginalidad, pobreza, violencia y discriminación.
Sin embargo, estas instituciones se encuentran en un momento de profundos cuestionamientos y cambios en su fisonomía social, cultural e histórica. Cristopher Stone, un especialista en seguridad de los Estados Unidos, asegura que es necesario la concepción y consolidación de una policía integrada a la comunidad, lo que denomina como “tercera vía”, distinguiendo entre aquellos que piden mano dura y los que abogan por el garantismo. De esta manera, para que esto suceda, expone la importancia del rol del comisario: “hemos visto que los policías que tratan bien a las víctimas también tratan bien a los sospechosos, y los que tratan mal a las víctimas tratan mal a los sospechosos. La clave está en la cultura de cada comisaría: algunas alientan a los corruptos y aíslan a los honestos, y otros hacen todo lo contrario (…) se puede ser más eficiente sin ser más violento”.
Es un desafío, tanto para la sociedad como para estas instituciones, el planteamiento de un nuevo funcionamiento y una revalorización que tienen estos organismos encargados de impartir las normas que definen el carácter de la vida en comunidad. También es una cuenta pendiente -y va a ser muy complicado realizarlo- desarticular las conexiones entre las redes de narcotráfico, y la connivencia de estos tres poderes con los líderes de las bandas encargadas de distribuir y comercializar estupefacientes, ya que es un punto crítico que desmantela una estructura de complicidades políticas, policiales, judiciales con grupos internacionales de tráfico ilegal de drogas.
Esto es solo el inicio de un análisis pormenorizado de la situación de vulnerabilidad y exclusión en la que se encuentran miles de pibes a lo largo y ancho de nuestro país. En la irrenunciable búsqueda de respuestas para llegar a comprender este fenómeno que se cobrá vidas de niños y adolescentes de los estratos más pobres, presentaremos en próximas publicaciones, entrevistas y análisis de distintos profesionales que nos ayudarán a reflexionar sobre estas violentas realidades que azotan a los jóvenes de los barrios marginales.
