Presupuestos Públicos Con Enfoques De Género: Una Deuda Pendiente

En estos últimos años, la problemática de género, con sus diversas aristas e implicaciones, parece haber ido ganando progresivamente un espacio no sólo en la agenda pública o social sino también mediática, posicionándose como un tema de interés y debate para la ciudadanía y exigiendo la atención y el compromiso de aquellos que tienen la responsabilidad de su representación política. Si bien es posible reconocer avances importantes en la materia, producto en gran medida de la larga la lucha que han llevado adelante los distintos movimientos y organizaciones feministas, lo cierto es que a diario nos encontramos con hechos y situaciones que dan cuenta de lo mucho que falta avanzar y, sobre todo, de la gran deuda que tienen los Estados en la implementación políticas que contemplen las necesidades e intereses de las mujeres y procuren la igualdad de género. De hecho, a pesar de que ha aumentado la participación y el protagonismo de las mujeres en el ámbito político y de que, en muchos casos, se encuentran ocupando puestos estratégicos de poder esto no ha redundado necesariamente en una mayor focalización sobre esta problemática, ni mucho menos en la profundización de medidas en ese sentido.

Como contrapartida, en algunos países de Latinoamérica se viene trabajando en diferentes propuestas que apuntan a incluir en el quehacer legislativo la perspectiva de género como una de las vías posibles para fomentar la ampliación de las democracias. Estas iniciativas, que propugnan por “Parlamentos sensibles al género”, plantean como herramienta fundamental la implementación de presupuestos públicos con enfoque de género. Dichos presupuestos tienen como objetivos centrales el reconocimiento de las condiciones y necesidades específicas de los diferentes colectivos sociales y la asignación de los recursos teniendo en cuenta las desigualdades existentes entre hombres y mujeres. Se plantea como una estrategia de análisis de todo el proceso de elaboración presupuestaria, desde la etapa de planificación hasta las de ejecución y evaluación, con la finalidad de conocer el impacto y alcance de las políticas públicas sobre los distintos sectores involucrados, desagregando los datos recabados por sexo. Sus fundamentos se encuentran enmarcados en los lineamientos consensuados en la IV Conferencia Internacional de las Mujeres, celebrada en Beijing en 1995, que sostenían la necesidad de incorporar la problemática de la equidad de género en todas las políticas públicas. Esta idea de “transversalidad” se visualiza claramente en la definición de los presupuestos públicos en tanto estos expresan las prioridades que tiene el gobierno a través de la distribución de los recursos.

Nuestros órganos legislativos, tanto a nivel nacional como provincial, tienen mucho camino por recorrer en esta dirección, sobre todo en el diseño de estrategias como la del presupuesto con enfoque de género que están orientadas a promocionar el desarrollo sustentable con equidad, desterrando la concepción de que los objetivos e instrumentos públicos son neutrales y se aplican a todos por igual, cuando el impacto que tienen las políticas económicas y sociales sobre los distintos géneros es diferencial. Para esto es de vital importancia contar con información fehaciente tendiente a visualizar la situación de la mujer y los principales problemas vinculados al género. Desde esta perspectiva fue pensado el proyecto de modificación de un inciso de la ley Nº 6533 que presenté en diputados en 2012 y no fuera tratado en el recinto y que establece que las normas metodológicas utilizadas por las estadísticas oficiales realizadas en Santa Fe contengan obligatoriamente la distinción y comparación entre mujeres y varones. Discriminar la información producida por los organismos públicos es el puntapié inicial para poder avanzar hacia la elaboración de presupuestos donde se contemplen las diferencias y particularidades que exhiben los diferentes sectores sociales y la formulación de políticas públicas orientadas a impulsar la equidad de género. Y si bien por momentos la meta puede parecer muy distante, estamos trabajando para poder conquistar ese derecho.

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Alicia Gutiérrez

Diputada provincial por el Partido Solidaridad e Igualdad (SI), en el Frente Progresista Cívico y Social