Quieren prohibir la venta de “chips” para celulares en los kioscos y almacenes

Se apunta a generar un mecanismo de control ante su venta indiscriminada. Además, el objetivo es evitar hechos delictivos en el constante cambio de líneas. Quienes lo incumplan podrán tener sanciones que van desde la clausura del establecimiento hasta el pago de una multa de 5 mil pesos.

El concejal de Unión PRO Federal, Alejandro Rossello, presentó un proyecto de ordenanza que prohíbe la comercialización y prevé sanciones para aquellos kioscos, almacenes o polirrubros que vendan Tarjetas SIM utilizadas en teléfonos móviles. Sólo podrán hacerlo los comercios habilitados.

La iniciativa, que acompaña la Ordenanza Nº 9902 del concejal justicialista Diego Giuliano que crea un libro de registro con los datos personales de quien compra chips de telefonía celular, pretende contribuir a prevenir los llamados secuestros virtuales, extorsiones y robos.

“Creemos que la ordenanza junto a este proyecto son una herramienta útil para la prevención, la investigación de delitos relacionados a la telefonía móvil en Rosario y, al mismo tiempo, para dar certeza y seguridad en el destino de las tarjetas SIM comercializadas en la ciudad”, manifestó el concejal Alejandro Rossello.

“Hoy podemos comprar tarjetas de teléfonos móvil en Kioscos, verdulerías, o puestos de diarios, sin que quede registrado ningún dato de quién efectuó la compra, aunque la ordenanza diga lo contrario”, fundamentó el edil PRO.

“Si tenemos en cuenta que sólo en el primer semestre de 2015 se recibieron 700 llamados con denuncias al 911 por falsos secuestros y que esta modalidad delictiva se viene incrementando desde hace dos años, el cumplimiento de la Ordenanza 9902 hubiera evitado varios secuestros virtuales y facilitado el trabajo de fiscales en la investigación de este tipo de delitos”, afirmó Giuliano, quien acompaña la iniciativa.

“Por tal razón, nos parece importante que, en caso de incumplimiento, se establezcan sanciones que van desde el retiro de la mercadería y el pago de una multa, en primera instancia, hasta la revocación de la habilitación municipal”, afirmó Rosello.

“La iniciativa prevé multas que van desde mil a 5 mil pesos o la clausura de 30 a 90 días del establecimiento, además de ordenarse el retiro de la mercadería en cuestión, a quienes sin ser agentes oficiales de una empresa de telefonía móvil, comercialicen tarjetas SIM prepagas”, cerró Alejandro Rossello.