Se regulariza el 38 por ciento del empleo en negro detectado
Las inspecciones que hizo durante 2010 el Ministerio de Trabajo permitieron detectar 117.125 casos de trabajadores no registrados. Ese número representa al 31,8% de quienes estaban ocupados en las empresas visitadas por los inspectores. Y del total de personas afectadas por el empleo en negro fueron regularizadas el 37,9% -44.390 personas- tras la fiscalización. En el resto de los casos, el Estado debe seguir los mecanismos para obligar a los empleadores y aplicar las sanciones previstas en la ley.
Los datos surgen de un informe de la Secretaría de Trabajo difundido ayer. Los resultados no pueden ser tomados con rigor estadístico, ya que no se trata de un relevamiento con esos fines sino de operativos que, en muchos casos, tienen que ver con eventos en particular.
En rigor, según permiten estimar los índices de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, los asalariados que -al ser consultados ellos mismos por un encuestador en sus casas- dicen estar en negro son el 35,8% del total. Traducido a cantidad de personas, ese índice refleja la situación sufrida por casi 4,2 millones de trabajadores.
Frente a esa cifra, resulta baja la cantidad de casos detectados por la cartera laboral, y mucho más la de empleados regularizados. Pero lo cierto es que la problemática del trabajo en negro es muy heterogénea y muchas veces se da, por ejemplo, en microempresas sumergidas en una economía de subsistencia, en la que las inspecciones laborales no parecen ser la solución.
El índice de asalariados sin aportes había llegado a más del 50% en los primeros años de la década pasada, pero eso se debió en gran medida a la alta incidencia que el plan Jefes y Jefas de Hogar -masivo en aquellos años- tuvo en la tasa de empleo. Quienes decían estar ocupados pero en rigor cobraban el plan social no sólo influían en una baja de la tasa de desempleo, sino que también tendían a incrementar la tasa del empleo no registrado, todo ello en la metodología aplicada por el Indec.
Los datos conocidos ayer sobre inspecciones de la cartera laboral muestran de todas formas tendencias que coinciden con los registros del Indec. Una de ellas es la mayor incidencia de las irregularidades en el norte del país: tanto en el Nordeste como en el Noroeste la proporción de trabajadores que estaban en negro superó el 48 por ciento.
Por regiones
En las inspecciones hechas en las provincias patagónicas, el índice resultó cercano al del Norte, con un 46,6%, y un porcentaje similar (del 46,1%) se detectó en Cuyo. Tanto en la región pampeana como en el conurbano hubo tasas cercanas al promedio del país. Y la ciudad de Buenos Aires registró el nivel más reducido de trabajadores en negro encontrados: un 16,5 por ciento.
En total, se llegó a 123.412 fiscalizaciones, de las cuales el 26% fue en el conurbano, y el 22,5%, en la Capital Federal.
El Ministerio de Trabajo, como también la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), tiene facultades para verificar en las empresas el pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social. Las condiciones de trabajo, de higiene y seguridad y el cumplimiento de los convenios deberían ser fiscalizados por las administraciones provinciales, mientras que esa atribución la tiene también el gobierno nacional, pero en algunos casos en particular.
La AFIP, por su parte, informó ayer que tras un operativo hecho el jueves pasado en la fábrica de zapatillas Crilsy SRL, en Campana, fue detenida una empresaria china acusada de trata de personas. En esa firma se habían encontrado 20 trabajadores no registrados que, según el organismo oficial, cumplían sus tareas en “condiciones deplorables”. Además, se informó que se constató la presencia de niños trabajando.
