Las universidades protestan con una semana de paro
Exigen mejoras salariales y actualización de presupuesto.
Los docentes universitarios y el personal administrativo y de servicios no inician las clases: la Conadu decretó una semana de paro en las universidades nacionales del país y medidas progresivas durante todo el cuatrimestre. Otros gremios también se suman con diferentes modalidades. Todos denuncian que “esta situación, de la forma en que está, no puede seguir”.
En el fondo, los números: los rectores pidieron 7,2 billones para sobrevivir y el Ejecutivo ofreció 4,8 en su presupuesto. El Gobierno debería, según la Ley de Financiamiento vigente (sancionada dos veces), incrementar más del 50 por ciento los salarios de los trabajadores. En cambio, el elenco libertario apura el trámite de una norma que modifique la actual y que tan solo ofrezca un magro 12 por ciento.
Así las cosas: las clases no comienzan, las aulas están vacías y la educación superior se resiente cada vez más en Argentina. Algunos hablan, incluso, del peor momento para las universidades desde la reapertura democrática y ya se divisa una situación de huelga indefinida y una nueva marcha federal universitaria el próximo 23 de abril.
El Congreso de Conadu reunió a 30 sindicatos de base y más de 90 congresales. Ratificó el paro de esta semana y definió avanzar con nuevas semanas completas de cese de actividades a partir del lunes 30 de marzo y del lunes 27 de abril.
Desde la federación explicaron que las medidas se inscriben en un plan de lucha progresivo que abarcará todo el primer semestre del año y que será monitoreado por el plenario de secretarios generales del gremio.
“El Gobierno nacional debe convocar a paritarias de manera urgente”, señalaron desde Conadu al anunciar la profundización del conflicto. También insistieron con el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente.
La conducción del gremio advirtió además que seguirá de cerca la agenda legislativa. Según definieron en el congreso sindical, el plenario quedó facultado para convocar a nuevas medidas de fuerza en caso de que comience el tratamiento en comisiones de un proyecto para modificar esa ley.
