«El gobierno descalifica a todo aquél que se expresa de una manera distinta»

Las siglas han poblado la coyuntura política nacional. El 8N y el 7D han contribuido al vocabulario alfanumérico cotidiano en el último tiempo. En su paso por Rosario, la diputada nacional del GEN (partido que integra el Frente Amplio Progresista), Margarita Stolbizer, se refirió al 8 de noviembre –la movilización de un sector de la sociedad que expresó sus críticas contra la clase política y apuntó al gobierno de Cristina Fernández– y al 7 de diciembre, fecha a partir de la cual queda sin efecto la medida cautelar interpuesta por el Grupo Clarín contra la aplicación del artículo 161 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece el plazo de un año para que los multimedios se desprendan de alguna de sus licencias y se adecuen a la norma. Si bien valoró positivos algunos artículos de la ley, consideró durante una entrevista con El Ciudadano que posee puntos que colisionan con la Constitución nacional.

—Desde el gobierno nacional afirman que el 7 de diciembre comienza el proceso de desinversión, ¿qué posición tiene en este sentido?

—Siempre planteamos que la ley de Medios era un avance positivo, que tiene una cantidad de normas que contribuyen a mejorar los servicios de comunicación audiovisual pero, lamentablemente, se incorporaron algunos artículos que la vician de inconstitucionalidad. Uno es el artículo 161 que pretende ser aplicado retroactivamente. Cortarle a alguien que tiene como derecho adquirido haber recibido legalmente una licencia, para nosotros está realmente tachado de inconstitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que el 7 de diciembre caducan las medidas cautelares que el Grupo Clarín y algunos otros tenían para que no se les hubiera aplicado la ley. Ese procedimiento plantea un año de tiempo para que se produzca la desinversión. Por lo tanto entiendo que a partir de esa fecha lo que empieza a correr es ese plazo de un año para que los que no han sido intimados se adapten. Parece una ley y una fecha fijada para ir contra el Grupo Clarín porque muchos otros grupos mediáticos que también están por fuera de la ley, nunca fueron intimados pese a que no tenían medidas cautelares. A partir del 7D le tendrá que ser aplicado obviamente a todos.

—¿Se refiere a multimedios cercanos al gobierno?

—Claro. Pero además hay una cláusula muy importante que impide que los medios estén en manos de capitales extranjeros. Hoy tenemos varias empresas de medios en manos de capitales extranjeros con las que nunca se hizo nada. Son muchas las normas de la ley que no han sido aplicadas. También se establece un carácter muy restrictivo para la utilización de la cadena nacional y sin embargo se ha hecho uso y abuso de la cadena nacional. Cuando la ley se quiere aplicar, hay aplicarla íntegramente y no solamente para lo que ellos quieren.

—¿Cómo tomó la expresión de la gente que se movilizó el 8N?

—Positivamente, nos parece que es una expresión popular legítima, diversa, que comprende una cantidad de demandas que tienen que ver con las cosas que la gente percibe en su vida cotidiana. Hay que leerlo dentro de lo que es un proceso de cambio social que vemos que se viene dando en la sociedad.

—Algunos dirigentes oficialistas han descalificado a los manifestantes, ¿coincide?

—De ninguna manera, no se corresponde con la realidad sino que es un error muy grave del gobierno que descalifica a todo aquel que se expresa de una manera distinta, que lo cuestiona, y creo que es un muy mal camino el rechazo de una manifestación de estas características acusándola así. Lo que vienen haciendo cada vez que plantean un intento golpista o desestabilizador es intentar esconder sus propios errores. (El Ciudadano)