Casi el 65% de los inquilinos de la provincia no pudo pagar la cuota de este mes
La situación de los inquilinos se ve agravada mes a mes por los efectos del parate económico que trajo el aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar la propagación del coronavirus. Según un relevamiento realizado por la Federación de Inquilinos, un 64% de santafesinos dijeron no estar en condiciones de pagar el alquiler del mes de mayo.
El informe refleja además, que el 50,4% de los encuestados, o algún miembro de su familia, perdieron su puesto de trabajo en los últimos meses.
Otro dato preocupante es que la mayoría de los que pudieron continuar con empleo tuvieron bajas en sus ingresos. Un 46,5% sufrió una reducción en su bolsillo, el 34% dejó de percibir ingresos, el 18,4% mantuvo el mismo sueldo y apenas el 1,2% ganó más que antes de la cuarentena.
Son diversas las estrategias que utilizan los inquilinos para poder sostenerse y cumplir con las obligaciones. Nuevamente, el endeudamiento aparece como el principal factor. Un 44,9% recurrió a la falta de pagos o préstamos bancarios y el 22,4% al pedido de ayuda de familiares y amigos. Desde la Federación advierten que estos endeudamientos no solo afectan a futuros ingresos de inquilinos, sino que también generan diversas angustias por la incertidumbre en la posibilidad de pago.
Además, la bancarización del pago del alquiler, medida fundamental para respetar el aislamiento, no fue una opción para muchos. Al 35,9% de los santafesinos no le dieron un CBU y el 9% accedió pero con recargo.
Desde la Federación Nacional de Inquilinos señalaron que «es preocupante cómo aún el 43,9% del mercado inmobiliario sigue incumpliendo el artículo sobre bancarización obligatoria hasta el 30/9 de los pagos relacionados con el alquiler». «Esto demuestra que sigue existiendo una gran evasión fiscal e impositiva sobre dicho mercado, por lo cual, el Estado nacional debe tomar cartas en el asunto», apuntaron.
El Gobierno nacional decretó varias medidas en relación a los inquilinos, entre ellas suspendió los desalojos y prorrogó todos los contratos hasta el 30 de septiembre; congeló los alquileres con los valores de marzo de 2020, y obligó a los propietarios a proveer una cuenta bancaria para realizar las transferencias.
