Comerciantes y consumidores de la ciudad se reúnen para buscar una solución al tarifazo
El «tarifazo» que ya empezó a notarse con la llegada de las facturas de servicios esenciales y una caída en las ventas que ronda el 30 por ciento será el combo explosivo sobre el que discutirán comerciantes y consumidores de la ciudad. «Esto se cae», advirtió ayer uno de los autoconvocados al debate, el titular del Paseo Arijón, Rubén Mendoza. Su colega de avenida Pellegrini, Leo Santero, sostuvo que todos los comerciantes atraviesan la misma problemática: «A un incremento disparatado de los servicios y costos fijos se suma una baja estrepitosa del consumo en todos los rubros», dijo. Así, con una agenda que promete analizar esas variables y su «impacto sobre las inversiones y el empleo», hoy, a las 13, se reunirán representantes de organizaciones de consumidores y pequeños y medianos comerciantes con la idea de consensuar una «salida conjunta» que contemple «alternativas» (como alivios tributarios y exenciones) para elevar luego a todos los niveles de gobierno.
La cita juntará este mediodía, en el bar de Pellegrini y Presidente Roca, a los referentes de los 29 centros comerciales a cielo abierto de Rosario, la cámara de heladeros y de hostels, las asociaciones de bares culturales, casco histórico y galerías céntricas, y organizaciones de usuarios y consumidores, incluida la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor, a cargo de la ex concejala del PRO María Julia Bonifacio.
No es el primer intento por fortalecer posturas colectivas contra el ajuste. Hace seis días, por ejemplo, fueron la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), la Sociedad de Carniceros y la Unión de Almaceneros las que resolvieron firmar un petitorio conjunto reclamando a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) una prórroga de 60 días del aumento del servicio, que puede llegar hasta al 300 por ciento y, en casos puntuales, incluso más.
Conscientes de que difícilmente haya marcha atrás en los aumentos, esta vez los comerciantes buscarán unificar criterios y pedidos para interpelar a los gobernantes más próximos —la intendenta Mónica Fein y el gobernador Miguel Lifschitz— y a través de los legisladores llegar también hasta el gobierno nacional.
Serio riesgo. El diagnóstico apunta a la subsistencia: una retracción en el consumo y subas de tarifas que pueden triplicarles el valor de los servicios y otros costos fijos pondrán en riesgo ya no sólo la rentabilidad, sino el empleo mismo.
«Saquémonos la careta. ¿Cómo no acordarse del 2000, con negocios cerrados y gente sin plata para comer?», se preguntó Mendoza, convencido de que «esto es lo que volverá a pasar acá».
También el titular de la Asociación Casco Histórico, Fabio Acosta, mostró preocupación por el «combo que se da entre una baja en las ventas y tarifas tan disparadas» que el comercio «no logra amortiguar, a excepción de las grandes superficies que son, además, las formadoras de precios».
Desde el lado de los consumidores, el titular del Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac), Juan Marcos Aviano, adelantó que su organización brindará apoyo al planteo de los comerciantes, pero a la vez les reclamará que retribuyan la gentileza para los usuarios domiciliarios.
«Así como los empresarios están preocupados por las tarifas y nosotros vamos a apoyarlos, también les vamos a pedir respaldo frente a los aumentos domiciliarios que golpean a los usuarios», anticipó.
Clamor. La idea es que del debate de hoy puedan surgir algunas propuestas para ser elevadas a las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Por ejemplo, para que los legisladores hagan «hacer saber lo que está pasando en Santa Fe» y ejerzan alguna presión a nivel nacional para un «cambio de políticas», arriesgó Mendoza.
Para Santero, la prioridad deberá pasar por «presionar para que se retrotraigan ciertos aumentos, como los aplicados por la EPE (Empresa Provincial de la Energía), Litoral Gas, Aguas (Santafesinas) e impuestos municipales y provinciales». También contemplan solicitar exenciones tributarias.
Si el tarifazo duele, a los comerciantes les preocupa más la contracción del consumo. «La venta es el verdadero carro que tira porque permite amortiguar los aumentos, y hoy estamos un 30 por ciento abajo de marzo del año pasado», afirmó.
En cuanto a los consumidores, el Cesyac reclamará a los gobiernos nacional y provincial que hagan públicas las condiciones para acogerse a las tarifas sociales.
«Si es verdad que uno de cada tres usuarios podrá tener una tarifa social queremos que se sepa cómo hacer el trámite», dijo Aviano, convencido de que «no es verdad lo que dicen desde la EPE acerca de que es algo automático».
En rigor, la página web del Ministerio de Energía y Minería de la Nación aclara que podrán acogerse a esas tarifas los beneficiarios de programas sociales; jubilados y pensionados que perciban hasta dos veces una jubilación mínima nacional; trabajadores que cobren un total menor o igual a dos salarios mínimos, vitales y móviles; personas con discapacidad; inscriptos al monotributo social; empleados domésticos y quienes cobren un seguro de desempleo. Eso, siempre que no tengan más de un inmueble, un vehículo de menos de 15 años de antigüedad o aeronaves o embarcaciones de lujo.
(La Capital)
