Lucila De Ponti: “Patricia Bullrich tiene que dejar su cargo”

La representante santafesina del Movimiento Evita aseguró que se avanza un pedido de interpelación para que el ejecutivo brinde explicaciones por la muerte de Rafael Nahuel

La diputada santafesina Lucila De Ponti manifestó que el Bloque del Movimiento Evita en la Cámara de Diputados presentó un pedido de interpelación a la ministra de seguridad Patricia Bullrich como medida previa a un juicio político que la destituya de su cargo luego de un nuevo caso que provoca profunda conmoción social como el asesinato de Rafael Nahuel en el marco de un operativo represivo por parte de fuerzas de seguridad contra comunidades indígenas.

“Este gobierno ya cuenta dos muertos por represión en conflictos por tierras, tratarlos de terroristas es una miserable actitud disuasiva”, aseguró De Ponti, quien criticó la mala gestión a la hora de resolver los conflictos sociales por parte de Bullrich en referencia también a la muerte de Santiago Maldonado de la que aún no hay certezas de cómo ocurrió en el marco de un operativo llevado a cabo por Gendarmería.

En el mismo sentido calificó como de “profunda gravedad” las recientes declaraciones de la ministra en la cual aseguró que le da “carácter de verdad” a la versión que le brindan las fuerzas de seguridad. “Da miedo que dos ministros en conferencia de prensa legitimen asesinatos cometidos por fuerzas de seguridad, ese no es el estado de derecho que queremos”, aseguró.

En el mismo sentido, el presidente del bloque del Movimiento Evita en diputados, Leonardo Grosso, respaldó la idea de un proceso político contra Bulltich porque consideró que “ya tiene dos muertos sobre sus espaldas”. Incluso viajó el lugar de los hechos para brindar ayuda a la familia y las comunidades.

A esto se le suma el testimonio de su compañera de Río Negro la diputada Silvia Horne, quien manifestó que “se han perdido vidas en manos de las fuerzas de seguridad, y es una situación que no se puede pasar por alto. Necesitamos con urgencia que funcione el Estado de Derecho, que no sólo sea sancionada la fuerza de seguridad que actuó sino sus responsables ideológicos”.