«El Procurador General, Jorge Barraguirre, renunció a su cargo»
El jefe de los fiscales amplió la directivas a los fiscales del nuevo sistema penal provincial, pero también confirmó su alejamiento próximo. Confirmó que presentó su renuncia al cargo que asumió en diciembre de 2012, tras el fallecimiento de Agustín Bassó.
El procurador general de la Corte Suprema de Justicia santafesina, Jorge Barraguirre, amplió ayer sobre las directivas para los nuevos fiscales que serán investigadores en el sistema procesal penal, a partir del 10 de febrero. El jefe de los fiscales busca dejar listas varias cuestiones que le preocupan sobremanera, de cara a la puesta en marcha de la reforma penal, antes de su salida del cargo a fines de febrero próximo, para volver a la actividad privada en derecho institucional, aparentemente en Buenos Aires. Es que presentó su renuncia al cargo que asumió en diciembre de 2012, cuando el gobernador Antonio Bonfatti lo designó Procurador General, tras el fallecimiento de Agustín Bassó. Justamente, fue convocado para acelerar los procesos del nuevo sistema, sobre todo en las acciones de quienes serán investigadores. Sin embargo, la situación no hizo que bajara los brazos y durante los últimos meses emitió órdenes específicas a los nuevos fiscales sobre cuestiones y modalidades delictivas a investigar.
Luego de que la semana pasada diera detalles de las tres líneas de persecución penal (armas, barrabravas y enriquecimiento ilícito de policías) que deberán priorizar los nuevos fiscales que asumieron en el cargo el 11 de diciembre pasado, Barraguirre amplió ayer la modalidad de trabajo que se propone y el impacto que puede tener en la solución a los problemas de violencia, y que considera que «no se merece el pueblo de la provincia».
Para el procurador, «hay que prestar especial atención a esas modalidades delictuales que forman parte de los mecanismos que tienen las organizaciones ilegales que emplean violencia sistemática: los recursos humanos para reclutar gente, el tema de la infraestructura, la adquisición y circulación de armas en el mercado ilegal; algo vinculado a las coberturas político policiales que eventualmente pueden tener; y por eso se pide acelerar las causas por enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Estamos preparando para febrero algunas otras cuestiones», adelantó sobre lo que será su último mes al frente de la Procuración.
En diálogo con LT8, Barraguirre señaló: «Proponemos una modalidad de trabajo que consiste en recopilar información, luego sistematizarla y por último actuar». En ese sentido, alertó que «a veces los órganos del Estado reaccionan tarde, en este caso hubo una procuración subrogante (tras el fallecimiento del procurador Bassó) a la que no se le puede pedir una determinada política criminal», evaluó.
Barraguirre habló también de la escasa infraestructura en materia de recursos humanos que tiene el ministerio público, y que se viene advirtiendo. «En Rosario sólo hay doce fiscales (que quedarán con el sistema residual de causas) y uno no le puede pedir que tengan una eficacia ideal», planteó.
El jefe de los fiscales santafesinos indicó que «ahora contamos con el tiempo suficiente para hacer análisis criminal, establecer patrones y criterios de actuación». Según consideró, las que mencionó anteriormente, son «cuestiones del sistema conclusional (o residual) de causas (las que quedan en el viejo sistema) en las que los fiscales deberíamos estar mínimamente atentos».
«Lo que estamos tratando de retratar, reconstruir y proponer en estas dos instrucciones con fechas del 8 de noviembre y el 27 de diciembre (en las que se emitieron órdenes sobre los tres temas especificados de persecución penal) es que la idea consiste en recopilar información, sistematizarla y actuar».
Aunque parecen cuestiones «obvias», la actitud y la orden tajante de jefe de los fiscales cobra fuerza para las futuras investigaciones. Barraguirre planteó: «Uno parte siempre de los esfuerzos institucionales anteriores; se encarga de otras cuestiones, pero la procuración es el órganos de control interno del Poder Judicial y yo tengo sólo cinco funcionarios para más de 300 magistrados y 4000 empleados, pero así acepté el cargo», enfatizó.
El procurador amplió que «uno no puede exigirle al Ministerio Público que lleva adelante las investigaciones, cuando también hay una policía sin imputar responsabilidades y menos las personales».
Sobre la fuerza en sí, consideró que «está desprofesionalizada, desfinanciada y en Rosario hay doce fiscales, pero hay que compararlo con el ideal para el nuevo sistema que son 69 y están nombrados poco más de 40. No se puede pedir que tengan una eficacia ideal, pero hay cuestiones que estamos apuntando y contamos con el tiempo para lanzarlos a hacer análisis criminales, establecer patrones y estándares y criterios de actuación con estas cuestiones que cuestan tanto en términos de vidas humanas y calidad de vida colectiva», lamentó.
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