Fue aprobado en diputados el proyecto de regulación de las agencias de seguridad

El proyecto de ley de la Diputada Provincial Alicia Gutiérrez, del Partido Solidaridad e Igualdad, sobre regulación de agencias de seguridad privada, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de Santa Fe el pasado jueves 15 de mayo. Dicho proyecto, que apunta a ejercer un control efectivo sobre el funcionamiento de las empresas y personas prestadoras de los servicios de seguridad privada, ya había sido aprobado en 2013 en la Cámara alta luego de haber sido ampliamente discutido y consensuado por todos los bloques.

En la actualidad, el accionar de las fuerzas de seguridad del Estado convive con el de las agencias privadas en la provincia. Diariamente personas y empresas de seguridad resguardan bancos, clubes, edificios públicos y privados y cumplen funciones en espectáculos públicos masivos. Son alrededor de 9000 hombres los que integran estas organizaciones o se desempeñan en estas actividades, lo cual conforma casi un ejército paralelo a la seguridad pública.

Por eso, es urgente contar con una herramienta legal que regule la autorización, el funcionamiento y la implementación de eventuales sanciones, sobre todo teniendo en cuenta que estos trabajadores y empresas deben controlar a los santafesinos y colaborar en el mantenimiento del orden y la paz social. Las actuales perspectivas y dinámicas sociales, la aparición de complejas modalidades delictivas, sumadas a la proliferación de sociedades destinadas a intervenir en estos espacios, hacen necesario que se readapten las reglas que las regulan.

Es preciso garantizar la integridad, eficiencia, templanza y capacidad de acción de los trabajadores que se desempeñan en estas tareas a través de la instrucción, las prácticas y los controles necesarios, como así también prevenir que las empresas del sector sean integradas por exonerados, testaferros y/o delincuentes salidos de las distintas fuerzas de seguridad.

Por todo esto, se espera que los Senadores acompañen este proyecto de ley cuya implementación beneficiará tanto a los usuarios de estos servicios como a la sociedad en su conjunto.