Piden límites para la videovigilancia
El Concejal Diego Giuliano, acompañado por los Concejales María Eugenia Bilesa y Alberto Cortés, solicitó citar a los responsables del Centro de Monitoreo y Atención Ciudadana de la Municipalidad de Rosario y a la Dirección de Investigaciones Administrativas para que informen acerca de las causas por las cuales se habrían utilizado imágenes obtenidas por las cámaras de videovigilancia para iniciar un sumario administrativo a un empleado municipal, en medio de un conflicto gremial.
“Hemos recibido con preocupación, el reclamo que nos efectuara un grupo de empleados de la Secretaría de Promoción Social quienes manifestaron el inicio de un sumario administrativo por parte de la Municipalidad de Rosario, utilizando de manera ilegal imágenes obtenidas por el sistema de videovigilancia”, sostuvo Giuliano.
Según indicaron empleados de la municipalidad, la Dirección General de Investigaciones Administrativas solicitó imágenes de una protesta gremial captadas por las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona de 27 de Febrero y Oroño, y las mismas habrían sido entregas por el responsable del Centro de Monitoreo Municipal.
“De ser esto así, se estaría violando la Ley Provincial 13.164 que regula el empleo de las cámaras de videovigilancia. Esa norma, en su artículo 9º establece claramente el carácter confidencial de las imágenes, determinando que las mismas sólo pueden ser requeridas por la justicia, en el marco de una investigación penal o contravencional. Utilizarlas para iniciar sumarios o vigilar reclamos gremiales, sin que hubiere orden judicial, no sólo viola las normas de confidencialidad sino que también presagia una utilización discriminatoria y persecutoria que no se condice con la necesidad de prevenir en materia de seguridad. Los responsables de los sistemas de videovigilancia son los garantes de esta confidencialidad siendo responsables civil y penalmente por la difusión irregular de las mismas o su uso inapropiado”, afirmó Giuliano.
“Es imperioso saber qué es lo que pasó y porqué se decidió desvirtuar el uso de videocámaras, cuando el sistema apenas comienza a funcionar en Rosario. No ceo que los funcionarios desconozcan el alcance de sus obligaciones. Administrar un sistema de videovigilancia requiere responsabilidad, confidencialidad y sentido común. Cuando las imágenes se usan para cualquier otra cosa que no sea prevenir delitos, intervenir para evitarlos o identificar a los responsables, se está entrando en un cono de sombras que genera dudas, pone en riesgo derechos constitucionales y obliga a investigar el cumplimiento de los deberes de “funcionario público” de los responsables”, finalizó Giuliano.
