En lo que va del año, hubo cerca de 100 usurpaciones en Rosario

Todas se dieron en la ciudad y más de 100 personas fueron imputadas por este delito, que prevé de seis meses a tres años de prisión.

Entre el 1º de enero y el 15 de octubre de este año se produjeron en Rosario 97 usurpaciones de casas por las cuales fueron imputadas 127 personas, un delito que el Código Penal reprime con penas de seis meses a tres años de prisión.

Los datos oficiales a los que accedió La Capital tienen como base las denuncias que fueron radicadas por los damnificados al sistema de emergencias 911 y procesadas en la Central de Información Criminal Operativa del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, más conocida como OJO.

De acuerdo a esa información, este año el pico de usurpaciones de casas y terrenos se produjo en febrero, cuando la toma ilegal de esos bienes llegó a 18, seguidos por marzo y julio, con 15 cada uno (ver infografía).

Según consignaron las fuentes consultadas, la problemática tiene dos aristas: por un lado el déficit habitacional, que empuja a grupos de personas a invadir propiedades ajenas en busca de un techo, y por el otro el accionar de grupos narco, que invaden propiedades para erigir allí sitios de comercialización de estupefacientes, más conocidos como búnkeres.

Algo es seguro, la problemática social termina convirtiéndose en un problema de seguridad pública que finalmente es lo que reflejan estos datos oficiales.

El Código Penal argentino define al delito de usurpación como el acto o el conjunto de actos realizados con la finalidad de apoderarse de manera ilegítima de la posesión de un bien ajeno.

En tal sentido, el artículo 181 de ese Código contempla penas de seis meses a tres años de prisión al que «por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o la tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes».

La legislación también incluye en este delito al que, «para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo» y al que «con violencia o amenazas turbare la posesión o tenencia de un inmueble».

Emblemática 

La semana pasada, el caso de una pensión trucha usurpada en San Martín al 1600 se viralizó cuando los okupas saltaron desde el tapial lindero al quincho del edificio contiguo. En rigor, ese fue el epílogo de una serie de problemas de convivencia de vieja data que tiene su correlato en decenas de denuncias presentadas por todo el vecindario.

La pensión está usurpada desde hace más de tres años. De su interior, la policía se llevó hace diez días a nueve personas, entre las que se contaban algunas con frondosos antecedentes como portación ilegal de arma de fuego, robo calificado, amenazas y resistencia a la autoridad.

En los fondos de esa propiedad, que se erige a metros del corredor gastronómico de avenida Pellegrini, los okupas habían generado un enorme basural a cielo abierto que el municipio limpió por orden de un juez de Faltas. Así, a principios de año tuvieron que retirar más de tres volquetes repletos de residuos que los usurpadores directamente arrojaban dentro de la propiedad.

Unos meses después fueron los bomberos los que tuvieron que acudir para extinguir un principio de incendio en la vivienda usurpada: habían entrado en combustión colchones y bicicletas herrumbradas.

Y varios meses antes, un salón de fiestas que ocupaba la planta baja del inmueble usurpado cerró sus puertas, ya que era blanco constante de actos de robo y vandalismo por parte de los okupas.

Así las cosas, vecinos y comerciantes de la zona se reunieron con el fiscal general, Patricio Serjal, con el objetivo de expresarle la preocupación por lo complejo que se estaba tornando la convivencia en la zona.

En efecto, la pensión funcionaba como «un aguantadero» de delincuentes que se habían adueñado de varias cuadras de ese sector de la ciudad, donde cometían hurtos y agresiones. Hace dos semanas, violaron la propiedad vecina y se metieron en el quincho del edificio contiguo. Unas horas después, terminaron detenidos. (La Capital)