Regulación integral: Cámaras de videovigilancia vigiladas y controladas por todos
En la última sesión del año se aprobaría por amplia mayoría el novedoso marco regulatorio que los ediles del FPV presentaron para sus tratativas en agosto pasado. Se creará una Comisión de Garantías para resguardar los derechos individuales. Los grandes comercios podrán realizar convenios con la Municipalidad aportando nuevas cámaras al servicio de monitoreo. También prevé el otorgamiento de un Certificado de Habilitación para el uso y funcionamiento de los sistemas de captación de imágenes de los privados que quieran tenerlo o que ya cuenta con él. La instalación de las videocámaras deberá hacerse siguiendo el mapa del delito.
“El objetivo es asegurar la convivencia ciudadana en los espacios público o privados de acceso público y regular la instalación, instrumentación y uso de la captación de imágenes mediante cámaras. Regulación que hasta ahora no existía a nivel municipal y es imprescindible implementar medidas de regulación y control para que esas imágenes no vulneren los derechos al honor, a la intimidad y privacidad de las personas. En este contexto de búsqueda del equilibrio entre seguridad, derechos y libertades es que propusimos la creación de una Comisión de Garantías de Video Vigilancia, con la intención de garantizar que la utilización de los sistemas de captación de imágenes del centro de monitoreo no se traduzca en un sacrificio excesivo y desproporcionado de los derechos y libertades de cada individuo.”, aseguraron los ediles.
La Comisión de Garantías estará integrada por cuatro concejales y un representante del Poder Judicial. Tendrá las facultades de ser informada de las resoluciones de autorización de cámaras móviles y su utilización; recabar el soporte físico de las grabaciones y requerir informes a las autoridades.
La vicepresidenta del Palacio Vasallo, Norma López señaló: “La utilización de cámaras deberán regirse por los principios de razonabilidad, proporcionalidad y mínima intervención reconociéndose como límite el respeto a los derechos humanos y garantías consagradas en la Constitución nacional y provincial. Las imágenes obtenidas tendrán carácter confidencial y sólo podrán ser requeridas por autoridad judicial con competencia en materia penal o de faltas”.
Público – Privado
Por otra parte, también prevé como factor novedoso, la posibilidad de que la Municipalidad firme convenios con personas físicas y jurídicas del sector privado para que éstas adquieran e instalen a su propio cargo las videocámaras, siendo obligación del municipio incorporarlas al sistema público de monitoreo.
“De esta forma se ven beneficiados tanto el sector público como el privado. El Estado sumando más cámaras al sistema de monitoreo, y el privado al ser monitoreado las 24 hs. Esto tiene como objetivo primordial lograr equidad y justicia social. Prever la posibilidad de que distintos actores del sector privado se integren al sistema público de monitoreo comprando las cámaras de video vigilancia permite que el Estado pueda invertir en aquellas zonas que de acuerdo al mapa del delito requieran instalaciones de cámaras de video vigilancia”, afirmó el jefe de bloque del frente para la Victoria, Roberto Sukerman
“El sector en el cual se concentran comercios y diversas instituciones podrá ser cubierto por el mismo sector, quedando a su cargo la compra de las videocámaras, con el compromiso por parte del Estado de incluir dicha videocámara en el sistema público de monitoreo. Por su parte, el Estado podrá invertir en ampliar el sistema público de monitoreo a las zonas que si bien no cuentan con un sector privado que pueda afrontar el gasto de instalación de las mismas, el mapa del delito marca que se requiere una fuerte presencia estatal que pueda ser cubierta en parte por medio de la instalación de videocámaras”, afirmaron los ediles.
Certificados de habilitación
En pos de regularizar y adecuar los sistemas de captación de imágenes ya instalados, y optimizar el contralor de los sistemas a instalarse a partir de la entrada en vigencia de la nueva regulación, el proyecto instituye el otorgamiento de un Certificado de Habilitación que será expedido por la Autoridad de Aplicación. Aquellos que cuenten con sistemas de captación de imágenes o que quieran instalar dichos sistemas (en espacios públicos o privados de acceso público), deberán contar con este Certificado de Habilitación para el uso y funcionamiento de las videocámaras. Al mismo tiempo se establece la sanción ante el incumplimiento de la obligación de contar con dicho Certificado.
